Polémico acuerdo en La Coruña: el Gobierno local perdona 7,3 millones de euros a una empresa

El concejal de Economía y portavoz del Gobierno local de La Coruña, José Manuel Lage Tuñas, fue el encargado de anunciar este pasado lunes un importante acuerdo que ha alcanzado el Ayuntamiento con la concesionaria de la planta de tratamiento de basuras municipal, UTE Albada. Se trata de un pacto extrajudicial para poner fin a un largo y complejo conflicto que empezó a gestarse en 2011.

Los pormenores de las condiciones acordadas esconden una polémica decisión: el Ejecutivo municipal que preside la alcaldesa Inés Rey (PSOE) renuncia a cobrar a la empresa un montante total de 7,3 millones de euros de fondos que salieron de las arcas municipales y acabaron en manos de esta concesionaria, en base a un servicio de tratamiento de residuos (los rechazos, basura que no se puede reciclar) que la Justicia anuló.

Origen en 2011

El origen de esta disputa se remonta a 2011, cuando el Ejecutivo local que presidía el socialista Javier Losada aprobó una solicitud de desequilibrio económico presentada por UTE Albada (compuesta por Babcock Kommunal MBH y Tecmed). En concreto, hacía referencia a los costes derivados de las operaciones de transporte y tratamiento del 55 % de los rechazos del proceso de tratamiento de los residuos urbanos de La Coruña, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2011.

Cuatro después, en 2015, el Gobierno municipal, entonces presidido por el PP de Carlos Negreira, anuló la resolución previa respecto a los rechazos. La empresa recurrió esta orden en vía judicial.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de La Coruña emitió una sentencia en 2019 en la que desestimó el recurso y considera legal la decisión municipal de invalidar el decreto de 2011, ya que consideró que era «lesivo» para «el interés público» porque no había «existido desequilibrio económico» debido a que «la concesionaria había realizado una licitación basada en un supuesto ideal de rechazos, que nada tiene que ver con la realidad de otras plantas españolas». El fallo fue ratificado en las siguientes instancias judiciales.

15,6 millones pagados

El Ayuntamiento de La Coruña abonó 12,9 millones de euros en base al acuerdo de 2011 que posteriormente fue anulado. Los intereses legales suponen otros 2,7 millones, lo que hace que la cifra crezca hasta los 15,6 millones de euros liquidados entre los años 2011 y 2018, según el informe emitido por el departamento de Tesorería.

La Junta de Gobierno local, ya con Inés Rey (PSOE) al frente, aprobó en 2023 iniciar el procedimiento de «reintegro, en favor del Ayuntamiento, de los pagos abonados en exceso» a la UTE Albada «en concepto de gestión de rechazo derivado del tratamiento de residuos en la planta de Nostián desde enero de 2011 hasta febrero de 2018». Este acuerdo está recurrido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de la ciudad.

Acuerdo extrajudicial

El Ejecutivo municipal aprobó el pasado lunes firmar un acuerdo extrajudicial entre el Ayuntamiento y UTE Albada para poner fin a esta disputa.

Según recoge la propuesta que recibió luz verde, «este acuerdo supone el reconocimiento» por parte la concesionaria «del derecho del Ayuntamiento a la devolución de 8.300.000 euros, y que se materializa con el pago al Ayuntamiento de la cantidad de 7.224.970,16 euros» (una vez ya indemnizados 1.075.029,84 euros mediante la incautación de una garantía) «a pagar fraccionadamente a lo largo del año 2025». De este modo, el resto del montante del dinero público nunca regresaría a su legítimo dueño, la Administración local.

El acuerdo está firmado por la jefa del Servicio de Planificación y Calidad y el director del Área de Planificación Estratégica, el director del Área de Administración General. También lo rubrica el concejal de Economía, José Manuel Lage Tuñas.

Justificación municipal

La Asesoría Jurídica Municipal, que responde ante el Gobierno local del PSOE, elaboró un informe en el que afirma que «proseguir con el procedimiento en vía contencioso-administrativa no asegura el éxito de esta Administración en la reclamación realizada, además de que se demoraría la resolución del litigio existente por varios años, pues con toda probabilidad el litigio se extendería hasta el recurso de casación ante el Tribunal Supremo».

«De esta manera, esta Administración obtendría este año más de la mitad de la cantidad inicialmente reclamada, sin tener que esperar varios años a la resolución del litigio, y aseguraría la recaudación de más del 50 % de la cantidad total reclamada, eliminando el riesgo de que pudiera ser estimado el recurso», recoge el informe.

Críticas del PP

El portavoz del PP de La Coruña, Miguel Lorenzo, ha anunciado que presentará «una moción en el próximo pleno municipal para que Inés Rey no firme el acuerdo de Nostián por ser lesivo para los intereses municipales».

También ha explicado que se convocará la comisión de Transparencia para «que dé explicaciones de por qué renuncia a cobrar 7,3 millones de euros» de todos los coruñeses a una empresa privada, además de haber pedido un informe al Interventor municipal. «No hay ninguna justificación para este acuerdo», afirma Lorenzo.

El BNG ha demandado «información transparente» sobre lo pactado en relación a la planta de basuras coruñesa.