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La Guardia Civil investiga a un concejal del BNG de Moaña (Pontevedra) por malversación de fondos

  • El Ayuntamiento asegura que ha facilitado toda la documentación requerida

  • El caso, vinculado a Protección Civil, afecta a otras tres personas

La Guardia Civil ha abierto una investigación en Moaña (Pontevedra) por una supuesta malversación de fondos en la agrupación de Protección Civil del municipio.

Entre los investigados se encuentra el concejal de Juventud, Infancia y Voluntariado, Kevin González (BNG), junto a otras tres personas.

Irregularidades en el manejo de fondos

Las pesquisas comenzaron tras una denuncia que alertaba de posibles irregularidades en el manejo de los fondos de Protección Civil. En respuesta, el Ayuntamiento ha asegurado que ha facilitado toda la documentación requerida y que colaborará con la investigación judicial.

Por ello, los agentes solicitaron la comparecencia de Kevin González, que acudió «con el objetivo de colaboración con la investigación y conocer de primera mano los hechos denunciados», ha reivindicado el gobierno local, insistiendo en que colaborará con la investigación judicial y «facilitará cuanta documentación tenga y sea requerida».

Según el gobierno local, la investigación podría centrarse en una cuenta bancaria de la agrupación, donde se ingresaban subvenciones de la Xunta, una cuenta que sería «completamente ajena al Ayuntamiento».

Además, insiste en que ningún concejal tuvo acceso a su gestión y que los gastos municipales vinculados a Protección Civil están fiscalizados por la Intervención Municipal.

«El Ayuntamiento es ajeno también a la tramitación de esas subvenciones, ya que son dirigidas a las Agrupaciones y concedidas desde la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta, por lo tanto no tomó parte ni de la solicitud, ni de la resolución de concesión, ni de la justificación de las mismas», ha añadido el gobierno local.

Además, ha insistido en que los gastos de funcionamiento de Protección Civil, de los que se hace cargo el Ayuntamiento, cuentan con la «correspondiente tramitación administrativa, son fiscalizados por la Intervención Municipal» y están «debidamente autorizados y justificados», insistiendo en que el Ayuntamiento colabora con la investigación.

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