Aucorsa despidió a un conductor que llevaba un año sin trabajar mientras veraneaba en Los Boliches

El teniente de alcalde de Movilidad y presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha dado este jueves explicaciones en el Pleno sobre uno de esos casos que, al menos según la versión del Ayuntamiento, soliviantan a la opinión pública y al ciudadano de a pie.

Se trata de un expediente disciplinario que la empresa municipal de autobuses Aucorsa aplicó a uno de sus funcionarios y que concluyó con su expulsión, aunque el procedimiento se halla ahora mismo en los tribunales. De acuerdo con las aclaraciones de Jordano, dicho trabajador acumulaba, desde el año 2017, un total de 895 bajas sobre 1718 días de trabajo, es decir, casi la mitad del tiempo de contrato. Es más, en el último episodio de baja médica acumulaba 360 días seguidos sin acudir a su puesto de trabajo por prescripción de un facultativo.

Hasta aquí no hay nada extraño, ya que cualquier trabajador tiene derecho a una baja médica justificada por el tiempo que consideren los médicos. Ahora bien, en la empresa era de sobra conocido que dicho trabajador, en realidad, se encontraba disfrutando, durante determinados periodos de tiempo, de la playa en Fuengirola mientras cobraba por un trabajo al que no acudía.

Por ello, en palabras de Jordano, «tuvimos que hacer» una investigación para conocer las circunstancias y ver si realmente el trabajador tenía derecho a la baja por enfermedad. De «sangrante» ha calificado Jordano la ausencia del conductor a sus obligaciones diarias. La primera denuncia llegó, además, a través del propio comité de empresa, según la versión del presidente de la sociedad pública.

La conclusión de Aucorsa fue que en efecto el funcionario público estaba perpetrando un fraude, por lo que se le comunicó un despido disciplinario en septiembre del año pasado. Previamente, durante el mes de agosto Aucorsa encargó a una agencia de detectives que realizara un seguimiento del trabajador para aportar pruebas que justificaran esa decisión.

Conduciendo su propio vehículo

El rastreo se realizó durante cuatro días del pasado mes de agosto, mientras el despedido, que trabajaba como conductor de autobuses, se encontraba en una vivienda vacacional en Los Boliches. Allí, de acuerdo con las pruebas presentadas por los detectives en el juicio, el aludido hizo una vida normal, disfrutando de la playa, cargando enseres e incluso conduciendo su propio vehículo para volver a Córdoba. Durante una revisión unos días después en el tribunal médico de Aucorsa, el afectado aseguró que había pasado todo el verano en Córdoba, tal como consta en el expediente disciplinario al que ha tenido acceso este medio.

El despedido nunca negó la evidencia de los hechos mostrados por las grabaciones de los detectives. Ahora bien, alegó que su dolencia, unos problemas con las cervicales, no le impedía realizar tareas cotidianas durante cortos periodos de tiempo, pero era incompatible con estar sentado al volante de un autobús durante una jornada laboral completa.

El juez consideró en su sentencia que, puesto que no tenía recetado un reposo absoluto, su vida en la playa no era incompatible con la baja médica ni suponía un fraude o deslealtad. Sin embargo, rechazó que el despido fuera discriminatorio precisamente por estar de baja por enfermedad, de modo que decretó un despido improcedente con una indemnización de algo más de 36.000 euros, o bien la readmisión del trabajador. La salomónica decisión no convenció a nadie y ambas partes han recurrido la sentencia.

La polémica de los detectives

La contratación de detectives para seguir a un funcionario fue denunciada hace unas semanas por el PSOE, que ha vuelto a preguntar al respecto en el Pleno. Los socialistas querían saber si es habitual este tipo de contratos con investigadores privados.

Jordano ha manifestado que Aucorsa sólo ha tenido que realizar otros dos seguimientos a sus empleados hasta ahora, en 2017 y en 2019. «No es habitual ni nos hemos despistado, esto se hizo por aviso de los propios empleados», ha dicho Jordano. De hecho, la empresa pública, según se hizo constar en el juicio, está muy preocupada por los altos índices de absentismo en esta sociedad.

La duda surge en este proceso o similares acerca de la capacidad de un ayuntamiento o cualquier institución pública para ordenar un seguimiento a sus empleados. ¿Pueden hacerlo del mismo modo que lo hacen en no pocas ocasiones las empresas privadas y, sobre todo, las mutuas y empresas de seguros? La respuesta es que sí, siempre y cuando el trabajador pertenezca a la empresa, pública o privada, que ordena el rastreo.

Así lo explica a La Voz la abogada laboralista Lola de Toro: «El Ayuntamiento tiene el carácter de empresa y como tal puede recurrir a todos los medios probatorios legales para aportar datos. Estos seguimientos son muy comunes, se usan normalmente en asuntos de bajas médicas y quienes suelen recurrir a ellos son las mutuas de accidentes, porque son a las que les cuesta el dinero».