Trabajar en la cárcel de Córdoba: una profesión con más riesgo que nunca

La literatura y el cine se han encargado de ofrecer una imagen del trabajo carcelario siempre acentuado por una hipérbole que en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, estaba bastante alejada de la realidad. Lo cierto es que son recintos a los que la sociedad da la espalda cuando en ellos efectivamente están quienes cumplen su pena pero también están quienes se encargan de que aquello funcione, aunque en la actualidad lo hacen con medios y condiciones más cercanas a las del siglo XX que a las del XXI.

Teresa López es miembro de CSIF, sindicato mayoritario en el Centro Penitenciario de Córdoba así como en las mesas de negociación de Interior y Función Pública, y conoce bien la realidad que se vive día a día dentro de sus muros. Su sindicato centra su labor, más allá de reclamar las mejoras laborales, en garantizar la integridad física de sus compañeros, ya que los riesgos han crecido y los medios para combatirlos no están a la altura, porque «queremos minimizar los riesgos, porque agresiones cero no va a haber nunca». Esta situación crece constantemente y el número de agresiones en el primer semestre de 2025 se ha igualado al de todas las que hubo el pasado año.

Los drones

Además, los avances tecnológicos han incrementado los riesgos en el interior de la cárcel. López señala, en concreto, el caso de los drones. El 2 de febrero y el 27 de dicho mes se detectaron en las rondas habituales que se hacen de madrugada. En uno de ellos iban 23 bellotas de hachís, un teléfono móvil y un cargador; en el otro, 36 bellotas y cuatro móviles de los grandes con sus respectivos cargadores.

Esta portavoz sindical señala el riesgo que esto supone para su trabajo diario, porque los drones pueden transportar cualquier elemento y «no sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando abrimos una celda porque hasta ahora hay droga y móviles pero puede haber un arma y no lo vamos a contar».

La solución estaría en la instalación de inhibidores que impidieran el vuelo de los drones, pero el Ministerio del Interior no los ha puesto. Señala que también se podrían declarar los centros penitenciarios de España como centros de exclusión aérea, ya que el tráfico de armas que se puede dar con los drones «es un riesgo para los profesionales y para los propios reclusos».

Hasta ahora, las armas que circulan en el interior de cualquier prisión son los denominados pinchos, que los reclusos fabrican con cualquier objeto, con cristales, varillas, cepillos de dientes, o perchas. El temor es que un dron introduzca cualquier tipo de arma blanca o de fuego.

La cadena de agresiones

Las agresiones también se han sucedido a lo largo de lo que va de año. Teresa López recuerda que una de las más graves sucedió el 6 de marzo, cuando un interno agredió en la Enfermería a un médico y a un funcionario con golpes, puñetazos y mordiscos. Esta sindicalista añade la sufrida por un funcionario el 9 de abril en el módulo de multireincidentes, cuando al cachearlo fue golpeado y pateado por un recluso de procedencia árabe.

La lista es larga. El 27 de abril hubo un altercado muy grave en el módulo 10 que duró más de dos horas, que fueron las que costó neutralizar el episodio de violencia protagonizado entre 11 reclusos. A todo esto, además, hay que añadir las agresiones a funcionarios sufridas los días 1, 4 y 7 de mayo, o la del 9 de mayo, cuando un compañero fue empujado por unas escaleras, recibió golpes y una compañera también resultó lesionada.

A Teresa López no le gusta hablar de funcionarios de prisiones sino de trabajadores de la prisión, porque así se engloba a todos los profesionales que hacen posible que el centro funcione. «Nuestro trabajo es desconocido», explica, «porque hacemos una labor esencial y la Secretaría General de Instituciones Penitencias no lo ve». A fecha de 8 de junio, en la prisión cordobesa hay 527 trabajadores para una población de 1.376 reclusos, incluidos los del Centro de Inserción Social (CIS).

Las peticiones de mejora de estas condiciones son constantes y las peticiones por escrito cuando se atienden no se hace con la celeridad necesaria. Todas las reclamaciones que realiza CSIF se cursan por las vías reglamentarias y en la mayoría de las ocasiones no se obtiene respuesta.

La visita de Marlaska

El pasado 13 de enero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, estuvieron en el Centro Penitenciario de Córdoba para entregar unos diplomas a 72 internos que habían superado unos cursos de Formación Profesional. Aquel día, los funcionarios comprobaron que al ministro «le interesa más la población reclusa que los trabajadores».

Este sindicato le pidió una reunión para exponerle la situación que se vive dentro de la cárcel pero Marlaska «no fue capaz de reunirse con nosotros» y los derivó al secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Entre las reivindicaciones que le iban a exponer estaba la del reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad, algo en lo que no tiran la toalla porque lo consideran fundamental para su trabajo. Ya se han reunido en abril con PSOE y PP con la finalidad de que el Congreso de los Diputados aborde esta reclamación y piensan entrevistarse con todas las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Equipos de protección en mal estado

CSIF también ha sacado a la luz el mal estado en el que se encuentran los equipos personales de protección. Ya lo han denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque este equipamiento «es inadecuado o está defectuoso». Teresa López detalla que están con piezas rotas o los velcros no cierra, por lo que la seguridad del funcionario queda en entredicho. Además, explica que el número de equipos es escaso, ya que para entrar en una celda hacen falta cinco equipos. Además, piden usar pistolas Taser «para casos muy muy excepcionales».

En opinión de esta sindicalista «no hay tratamiento eficaz cuando no hay voluntad de reinsertarse». Además, también cuestiona la política penitenciaria que se aplica: «Estamos saturados de segundos grados camuflados de primeros». Esto significa que aun siendo peligrosos se les pasa a otro grado para maquillar las estadísticas. «Es un buenismo que no es real», añade.