Reunión en Córdoba del Consejo Andaluz de Universidades
El Consejo Andaluz de Universidades aprueba en Córdoba su modelo de financiación para 2026
Los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias que se reajustan atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos
El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado, con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para este año 2026, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros.
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano celebrada hoy en la que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz. En esta reunión, se ha informado favorablemente la orden que recoge esa distribución y se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero equilibrado y sostenible.
La propuesta planteada ha estado precedida de un proceso de negociación con los rectores. Ésta incluye los 1.788,2 millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para 2026, a los que se suman otros 37,5 millones vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema y al acuerdo de 8 de abril de 2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones de personal. Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos.
De los 1.825,7 millones de euros que se reparten, 1.669,01 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 112,64 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.
De igual modo, está englobado en la cantidad total un aporte de 6,57 millones de euros consolidables destinado a la nivelación. En este ejercicio, se ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Granada, que recibirá 2,01 millones de euros y, especialmente, la de Málaga, a la que se transferirán por este concepto 4,55 millones de euros.
Complementos retributivos y refuerzo financiero
A todas esas cifras se añade una cuantía de 21,5 millones consignada para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales, tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)
Además, el modelo incluye otros 16 millones consolidables para el refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario, por lo que ambas cantidades suman un montante de 37,5 millones adicionales.
Comisión técnica
Una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los rectores, se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario. Con esta medida se pretende alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la comunidad, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado.
Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos.
Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.
