Casanueva reclama más financiación para dependencia y discapacidad y ayudas a las familias

La senadora cordobesa del PP Cristina Casanueva ha reclamado este miércoles al Gobierno una financiación estable para las medidas destinadas a las personas con discapacidad y dependencia y ha defendido las 45 enmiendas presentadas por su grupo al proyecto de ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Durante el debate celebrado en el Pleno del Senado, Casanueva ha acusado al Ejecutivo de acumular «un impago histórico de ocho años» en estas materias y ha cuestionado que los nuevos derechos reconocidos puedan hacerse efectivos sin los recursos económicos necesarios.

«Con los derechos de las personas con discapacidad y la dependencia no se juega», ha afirmado la senadora, que ha centrado parte de su intervención en las familias que deben compatibilizar el cuidado de sus hijos con el empleo. Según ha defendido, las enmiendas del PP buscan evitar que tengan que «elegir entre mantener su empleo o cuidar de sus hijos».

Entre las propuestas planteadas por los populares figura establecer expresamente una financiación de la dependencia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. También plantean revisar los criterios de prioridad para acceder a los servicios, reforzar la atención temprana y permitir que se valore la experiencia acreditada de los profesionales de asistencia personal.

Accesibilidad y vivienda

Las enmiendas abarcan igualmente medidas relacionadas con la accesibilidad. El PP propone que las infraestructuras de transporte dispongan de aseos adaptados para personas con ostomía y plantea cambios en la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar actuaciones de accesibilidad en los edificios.

En vivienda, Casanueva ha defendido reducir al 4% el IVA de las obras destinadas a mejorar la accesibilidad tanto de la vivienda habitual como de las zonas comunes de los edificios.

El paquete presentado por el PP incluye además medidas para facilitar la participación en oposiciones de personas que, pese a necesitar adaptaciones, no alcancen un grado reconocido de discapacidad del 33%.

Educación, empleo y brecha digital

En el ámbito educativo, los populares plantean mantener la capacidad de las familias para elegir el modelo y el centro educativo de sus hijos. También proponen medidas de formación para personas con discapacidad que hayan obtenido el título de ESO, un plan específico para reducir la brecha digital y el reconocimiento de la sordoceguera.

El portavoz de Derechos Sociales del PP en el Senado, Bienvenido de Arriba, ha defendido durante el mismo debate que el reconocimiento legal de nuevos derechos debe ir acompañado de financiación.

«Los derechos sociales no se garantizan publicándolos en el BOE, sino con leyes que se cumplen, con presupuestos que se aprueban y una financiación estable», ha afirmado. De Arriba ha acusado al Gobierno de actuar «a golpe de titular» y ha resumido su crítica asegurando que «los derechos sin financiación son hipocresía social».

El senador ha cuestionado además la financiación estatal de la dependencia y ha acusado a los distintos gobiernos socialistas de incumplir sus compromisos económicos con el sistema. Entre las medidas que el PP pretende introducir en la tramitación de la ley ha citado también cambios tributarios vinculados al reconocimiento de la discapacidad, reducciones del IVA para favorecer la accesibilidad y la eliminación del copago para los pacientes con ELA.