Qué mala suerte de democracia

Viendo la intervención de nuestros políticos en el Congreso, cada vez se hace más evidente la peculiar situación en la que se encuentra el gobierno del ínclito Pedro Sánchez, con varios miembros de este Ejecutivo, tanto antiguos como actuales, sobre los que recaen serias sospechas procesales, las cuales se extienden además al partido (ahí está el secretario de organización, en la prisión de Soto del Real) así como a los directivos colocados a dedo en empresas públicas sólo por su afinidad y lealtad total al PSOE, como pasa en ADIF, la de los trenes que ni salen ni llegan.

Con jueces y fiscales atacados sin pudor por el Ejecutivo, presentándose ante la Unión Europea para denunciar e implorar ayuda por lo que está pasando, se extiende entre la sociedad la sensación de impunidad absoluta y destrozo del Estado formado a partir de 1978, mientras el gobierno, por encima de los Koldo, Aldama, Cerdán, Ábalos y la madre que los parió, no se siente aludido, sino que incluso fuerza cada vez más la marcha actuando a espaldas de los españoles.

Gracias, entre otros, al Tribunal que en principio debería defenderla, está saltando por los aires una Constitución que fue sacada adelante por unos políticos elegidos libremente por el pueblo, hijos de perdedores y ganadores de aquella guerra fratricida en la que se vio envuelto nuestro país. El espíritu que les hizo coincidir fue establecer un orden de convivencia donde quedaran atrás las diferencias, rencores y enfrentamientos entre españoles, los cuales entendieron desde primera hora esta voluntad y no tuvieron inconveniente en dar su voto afirmativo.

Así, de un censo de 26.632.180 españoles en 1978 votaron 17.873.271, lo que supuso una participación del 67 %. El resultado fue el siguiente: Síes; 15.706.078, Noes 1.400.505, en blanco 632.902, y nulos 133.786. Y aunque ahora nos cuenten otra cosa, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, por regiones (luego comunidades autónomas) el porcentaje de votos afirmativos fue: Andalucía 91,9%; Canarias 91,9%; Murcia 90,8%; Cataluña 90,5%; Islas Baleares 89,5%; Extremadura 89,3%; Galicia 89%; Comunidad Valenciana 88,8%; Asturias 88,6%; Melilla 88,5%; Ceuta 88,2%; Aragón 88,1%; La Rioja 86,6%; Madrid 86,1%; Castilla y León 85,1%; Castilla la Mancha 84,3%; Cantabria 83,5%; Navarra 75,7%, y País Vasco 69,1%.

Pedro Sánchez, secretario general

Tras un primer amago disimulado de cargarse esta modelo de convivencia por parte del inefable Rodríguez Zapatero, llegó un desconocido Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE en 2014, del cual algún día quizás nos enteraremos quién lo aupó entre bambalinas. Por no ganar las primeras elecciones generales a las que se presentó y, sobre todo, por dar más problemas políticos de la cuenta obstinándose en, a pesar de perder, tratar de gobernar con el apoyo de quienes en su partido (entonces) veían claro que era imposible (separatistas y antiguos terroristas) fue depuesto por la Ejecutiva Federal del PSOE bajo la sombra de Susana Díaz. Pero este hombre, incansable, se montó en un Peugeot que no se sabe quien lo facilitó y, con un grupo de incondicionales se recorrió España entera recabando apoyos para presentar de nuevo su candidatura en 2017. Con independencia de quién pagara por detrás esa campaña a las primarias del PSOE (al igual que la de 2014), que ahora se va sabiendo, ésta fue todo un éxito entre las bases socialistas pero, por si las moscas, sus compañeros del coche hicieron de las suyas para asegurarse, introduciendo papeletas de más en las urnas (según los audios entre Ábalos y Koldo), Y así, el anteriormente defenestrado Sánchez logró de nuevo la secretaria general del PSOE, dispuesto a cumplir su venganza contra los díscolos. Esta vez iba a ser diferente: ya nadie en su partido se atrevería a contradecirle.

Porque ahora su equipo, faltando a todas las palabras dadas, sí que conseguiría el apoyo de los grupos a su izquierda, nacionalistas de todo pelaje y, sobre todo, de los catalanes sublevados bajo Puigdemont y Oriol Junqueras así como los proetarras de Bildu. Con estos mimbres, no especialmente afectos a la idea de España, cogería el poder tras tumbar a Mariano Rajoy en una moción de censura (2018), para luego ganar las elecciones de 2019 ante un débil Pablo Casado, sustituto efímero del indolente gallego. Desde entonces, sin pudor ninguno, sea o no su partido el ganador en las elecciones (últimamente es lo segundo) que se han ido convocando, mantiene el poder aliándose con quienes haga falta en cada momento y concediéndoles todo lo que pidan, por muy imposible que parezca al principio y juren, solemnemente, que no lo van a consentir (indultos, ley de amnistía, ruptura de la Seguridad Social, cesión del IRPF, etc. etc.).

De John Profumo a Richard Nixon

A diferencia de lo que está ocurriendo en España, donde un personaje sin escrúpulos hace y deshace ante la impotencia del resto, cuando la democracia es fuerte en sus bases populares, los poderes que la regulan (ejecutivo, legislativo y judicial) están perfectamente delimitados en su funcionamiento, y la prensa es libre, la legalidad sale a flote. A todos nos sorprendió en su día las dimisión en 1963 del Ministro de la Guerra de la Gran Bretaña, John Profumo (1915-2006) después de que la prensa sacase a la luz su relación con el mundo de los prostíbulos y los burdeles, donde fue sorprendido con la famosa Christine Keeler. No paró ahí el escándalo, que fue subiendo e incluso le costó la dimisión a Harold Macmillan, el Primer Ministro. (1894-1986).

Más célebre y conocido fue el caso del todopoderoso (o eso creía) presidente de los Estados Unidos Richard Milhous Nixon (1913-1994) y el Watergate. El escándalo (que hoy sería considerado poco más o menos que una «tontería») surgió a raíz de las investigaciones de varios periodistas (entonces casi todos lo eran de verdad, y no «palmeros» del poder) sobre el robo de documentación en el complejo Watergate, sede del partido demócrata. El asunto empezó el 17 de junio de 1972, día en que se denunció el robo, y terminó el 8 de agosto 1974 con la dimisión de Richard Nixon. Se probó que había mentido en el Congreso, y eso en la democracia de cualquier país civilizado era entonces fundamental. El sistema funcionaba porque prevalecía la moral civil y la Justicia. Sobran los comentarios si lo comparamos con lo que tenemos hoy, donde la mentira está a la orden del día y nada menos que un Fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo por estar trabajando, presuntamente, para el gobierno.

Y, encima, la corrupción

Por si todo lo anterior no fuera ya de por sí una situación anómala para poder gobernar un país llamado España, en el que la voz cantante sobre las decisiones más importantes recae en personajes como el fugado de la justicia y «golpista» Puigdemont, encima de todo, la corrupción y el saqueo de los recursos públicos alcanza cotas inimaginables.

No sólo es que, como es habitual, una vez conseguido el poder, «coloquen» a su legión de adictos con unos sueldos de escándalo (vergonzosos para su sentido de la solidaridad e igualdad) en toda empresa o agencia pública (ya sea ADIF, Correos, CIS, Tragsa, RTVE…) o incluso privada (Telefónica). Muchas veces poniendo al frente de estas grandes empresas a personas sin un mínimo de competencia profesional pero, eso sí, leales a quien los pone. Lo peor es que a esto se suma una situación de corrupción generalizada de lo más chabacana, en los que unos y otros mezclan prostíbulos, saunas y pisos de citas con «mordidas» y comisiones. Todo este sistema de saqueo está saliendo a la luz con las informaciones aportadas con cuentagotas por el «intermediario» Aldama, unido a las investigaciones en marcha contra el sonriente Ábalos y su colaborador Koldo, que junto con Carlos Cerdán, ya encarcelado, eran los ocupantes junto a Pedro Sánchez del famoso Peugeot.

Quizás estos tunantes estén a la espera de lo que considero la mayor corrupción de todas: que retorciendo las leyes, cambiando los tribunales por jueces palmeros adictos, y aprovechándose de los aforamientos y prebendas procesales a su servicio, al final Sánchez salve su pellejo. Y, para rematar, que sean aclamados como «pobres perseguidos» (al igual que ha pasado con los que trincaron y condenaron por el Tribunal Supremo en los ERE, y los Cursos de Andalucía…) que fueron aclamados y vitoreados por los diferentes congresos y agrupaciones del PSOE, que celebrados en Sevilla, sus miembros hacen oídos sordos a toda corrupción que les está pudiendo caer encima del PSOE, no vaya a ser que el «jefe» se enfade y los quite, porque de algo hay que comer. Eso sí, dinero para comer y repartir entre estos adictos parece que hay de sobra, y como muestra un botón.

El impuesto sobre la renta, el dichoso y democrático IRPF implantado desde 1977, en la actualidad le representa al Estado un ingreso cercano a los 132.000 millones de euros. Algo tan nuestro como las Loterías y Apuestas del Estado, por las que se ingresan unos 10.000 millones de euros (para más INRI, desde los tiempos del ínclito Montoro del PP, al que ahora también se investiga por corrupción, además hay que pagar impuestos por los grandes premios). O sea, que tienen de dónde tirar, y si no llega se suben de nuevo los impuestos, que ya hay que pagar hasta por la indemnizaciones por despido (también idea del ínclito Montoro) o por llegar al salario mínimo interprofesional cosa de la actual ministra de Hacienda, que con las manos quemadas por apoyar a Calos Cerdán, sigue sin enterarse de nada.

El trabajador español

Aquí mientras el ínclito Pedro Sánchez se ríe con el presunto corrupto José Luis Abálos de todo y por supuesto de todos los españoles. Mientras todo esto sucede en esta democracia, el trabajador español, sea autónomo o contratado, observa incrédulo cómo sus condiciones empeoran año tras año, aun cuando nos digan en las noticias de los medios subvencionados que, según los indicadores, de la economía «va como un tiro». Diezmados cada vez más en sus nóminas por los impuestos que sostienen al Estado, (para pagar a políticos, sindicatos, asesores, partidos…), no saben ni cuándo ni siquiera si se podrán jubilar. Comprar una vivienda es para la mayoría un sueño inalcanzable, y se ríen cuando oyen que antes (1960-70) una familia, con sólo un miembro trabajando, podía adquirirla pagando una hipoteca que equivalía al 30% de su sueldo.

Con lo que ganan hoy día apenas pueden sobrevivir comprando lo justo, y la única solución es compaginar varios «trabajillos» o ingresos, eso que siempre se ha llamado pluriempleo y que ahora se viste con eufemismos como «flexibilidad» o «fijos discontinuos». Las indemnizaciones por sus despidos cada vez son menores, y en toda reforma «laboral» parece que hay que reducirles los días por año trabajado. Igual pasa con los años necesarios para una jubilación decente, que cada vez tienen que ser más. Mientras, los servicios públicos que se les dan (salud, transportes, seguridad, etc.), por lo que pagan generosamente en sus nóminas, se degradan a velocidad de vértigo.

Ante este panorama. ¿quién los defiende? No da la impresión de que sean los grandes sindicatos, meros apéndices del sistema político. Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores reciben 202 millones y 180 millones de euros, respectivamente, y ahí están encerrados en sus despachos, con su aire acondicionado puesto y a verlas venir, saliendo sólo a la calle cuando sus jefes de izquierda tocan el silbato. Porque si alguna vez el PSOE pierde el poder, verán ustedes qué pronto salen con sus pancartas para protestar.

¿Hacia el autoritarismo?

Llegados a este momento, y si Sánchez sigue por este camino de controlar absolutamente todo sin oposición alguna, no sabemos muy bien en qué consistiría al final la diferencia con el régimen autoritario que tuvimos en España durante los cuarenta años de Franco. Al menos respecto a las libertades, porque respecto a otros temas sí que habría diferencias.

Para empezar, la nómina de Franco en los años 50, que aparece reflejada en este documento. Para ser el Jefe del Estado, y teniendo en cuenta la evolución de los precios desde entonces, su sueldo era infinitamente más modesto que el de cualquier alto ejecutivo actual. No digamos nada de la comparación con los corruptos que se enriquecen y viven a todo tren a costa del pueblo español.

Además, los que vivimos en aquella época por razones de edad comprobábamos cómo el Estado, sin disponer de la cantidad ingente de ingresos por impuestos, tasas y todo lo que se tercie que hoy nos abruma, parecía más eficiente en el uso de los recursos: se levantó casi de la nada una espléndida y moderna red sanitaria por la que todavía hoy se ponen medallas los políticos actuales como si fuesen obra suya (15 Ciudades Sanitarias, más 2 Centros especiales y el Centro Nacional de Rehabilitación de Parapléjicos, 65 Residencias Sanitarias, 7 Hospitales Clínicos, 242 ambulatorios, más otros 207 ambulatorios provisionales, 260 Consultorios y 6 Centros de diagnóstico y tratamiento junto con otras instalaciones de nivel local).

Se construían viviendas sociales (casi tres millones y medio), donde hasta los propios sindicatos levantaron barrios enteros de pisos para los trabajadores, además de innumerables residencias de verano para el descanso en los mejores lugares de la costa al albur del incipiente fenómeno del turismo de masas. Y qué decir de lo de «Paco pantanos»: 615 embalses que resolvieron el problema secular del agua en muchas zonas de España, cuando hoy día no son capaces los políticos de uno y otro signo para ponerse de acuerdo ni para realizar una pequeña conexión en un embalse perdido como el de La Colada al norte de Córdoba.

Además, con las mutualidades, financiadas con una parte de lo que pagaban los trabajadores al ser dados de alta en la Seguridad Social, y donde éstos participaban en sus órganos de gestión, bastaba con que un médico del Servicio de Salud determinase que un enfermo necesitaba mejor alimentación para que a éste se le facilitasen vales con los que retirar productos en los mejores establecimientos de ultramarinos de la ciudad, como Mantequerías Abel, en la calle Gondomar, y Almacenes Sánchez de Ultramarinos, en Cruz Conde. Igualmente, las mutualidades facilitaban préstamos a fondo perdido para la adquisición de viviendas, así como el mobiliario básico. Qué diferencia con el actual modelo sanitario y financiero, con los seguros médicos privados (porque por lo público puedes esperar sentado), donde al mínimo problema te suben la cuota hasta límites insospechados, o esa banca (porque las cajas de ahorros se las cargaron) que te obliga a ir al «quinto pino» para encontrar una sucursal que te atienda, y encima con mala cara.

Y como además los recursos económicos de esas mutualidades fueron adquiriendo un volumen considerable, que sobrepasaban sus necesidades (ni se trincaba, como pasó en la cooperativa PSV de la UGT, ni se los repartían como jugosos dividendos los directivos de entidades privadas), en 1953 el Ministerio de Trabajo, de quien dependían, decidió emplear esos remanentes para la construcción de 21 Universidades Laborales, modélicos centros de Formación Profesional, admirados y tenidos en cuenta por muchos países europeos y que aquí, por el contrario, se dejaron hundir por celos y odios políticos (tanto por parte gente del «régimen», como el ínclito Ruiz Giménez, «Sor Intrépida», como por la izquierda para la que cualquier obra de Franco tenía que ser demolida). Allí los hijos de los trabajadores, con becas, pudimos acceder a unos niveles de formación inimaginables, reservados antes a los hijos de los más pudientes.

En fin, que como el señor Pedro Sánchez nos lleva a un modelo autoritario, y que aquí nadie hace nada para evitarlo, qué mala suerte tenemos con que su modelo parezca ser Cuba o Venezuela y no cojamos al menos algo positivo.