Historias sindicales de Córdoba

Cuando entré en el mercado laboral en Cenemesa, en la lejana década de los sesenta, el movimiento de defensa de los trabajadores eran los llamados Sindicatos Verticales, entidades oficiales concebidas por el régimen de Franco para tratar de conciliar los intereses de los trabajadores y los empresarios desde una perspectiva vertical de la economía y no de lucha de clases horizontal.

Tras el fin del franquismo fueron denostados y ridiculizados por los que se llamaban a sí mismos demócratas, llegando incluso a no tener para ellos ni la condición de sindicatos, sino un simple paripé defensor de las oligarquías que habían coartado los derechos de los trabajadores. Eso sí, no los considerarían sindicatos, pero en Córdoba, como en otras ciudades, bien que se apropiaron de su edificio sindical emblemático en pleno Gran Capitán.

Aquellos Sindicatos Verticales no podían convocar huelgas al estar prohibidas oficialmente por ley. Pero aún así hubo Jurados de Empresa (ese era el nombre de sus miembros) que acometieron protestas y paros significativos buscando los resquicios y triquiñuelas legales que encontraban. Una de sus medidas de presión, sobre todo en las grandes empresas como la mía, era bajar de forma intencionada la productividad, lo que descomponía aún más a la dirección de la empresa que las propias huelgas, pues la mayoría no contaba con criterios objetivos para hacer una evaluación acertada de los tiempos y de lo que estaba ocurriendo.

En esos años sesenta los compañeros más significativos del Jurado de Empresa de Cenemesa en Córdoba, que habían accedido al puesto tras ganar unas elecciones donde el resto de trabajadores votábamos libremente a las personas, eran Blas Pérez Poyato, Rafael Conejo Córdoba, Francisco López García, Francisco Galindo Ruso, Rafael Díaz Muñoz, Manuel Fernández Marivela, Emilio Fernández Cruz, Rafael Caballero Sánchez, Antonio Domínguez, Benito Castilla, Fernando García, Juan Labrador, Consuelo Simón y muchos más que harían la lista interminable. Cada uno era como era, pero lo que sí tenían todos en común era que no tenían el compromiso de sentirse orientados desde fuera por ningún partido ni directriz política.

Además de estas personas había otras entre “bambalinas que también tuvieron su importancia actuando como asesores en la sombra. Este podría ser el caso de Pedro Reina Ramírez y Bartolomé Cabello, ambos pertenecientes a Producción de Transformadores, y que representaban a un grupo que conocía la fábrica como nadie. Eran de las personas más influyentes y mejor informadas de la plantilla, por lo que los Jurados tenían muy en cuenta sus opiniones.

Para mostrar los resultados tangibles de esa actividad sindical, tan criticada hoy, simplemente podemos analizar los cuatro o cinco convenios que se firmaron en mi empresa en esa década, citando las mejoras reflejadas expresamente en aquellos cuadernillos que se nos entregaban a todos los componentes de la plantilla. En estos ejemplares venían detallados incluso los artículos de nuestro Régimen Interior, y eran tan completos y bien estructurados que hasta la Delegación de Trabajo adoptó los criterios de sus enunciados como base para redactar los Convenios Interprovinciales del Sector del Metal.

Los avances conseguidos

Estas son las principales mejoras conseguidas por aquel Jurado de Empresa, en los acuerdos alcanzados y firmados por todos ellos junto a los representantes de la empresa:

Eliminación de la obligación de recuperar algunas fiestas: en la fábrica, a principios de los sesenta, existían una serie de fiestas con carácter de recuperables, y su recuperación se llevaba a cabo ampliando la jornada de los días normales. El Jurado de Empresa consiguió que ninguna fiesta tuviera que ser recuperable.

El sábado pasó a ser día no laborable: un gran paso visto con la perspectiva de hoy. Se consiguió acordar con la empresa una jornada anual que permitía trabajar solamente de lunes a viernes.

Revalorización de las horas extras: se actualizó la fórmula de valoración del precio de las horas extras de acuerdo con la reglamentación vigente.

Implantación de un Sistema de Incentivos CREA que podía suponer un incremento del 60% del sueldo base: con el fin de mejorar la productividad se procedió a implantar un sistema de incentivos para las tareas de taller, diseñado con el asesoramiento externa de la empresa CREA. Se aplicó de forma gradual, beneficiando incluso al personal indirecto.

Reconocimiento general de los complementos de Tóxicos, Penosos y Peligrosos en los trabajos que lo requerían. Cada complemento suponía un 10% más del sueldo base: de acuerdo con el Comité de Seguridad e Higiene (que ya existía y no es una creación nueva de los gobiernos socialistas como se nos quiere hacer creer) se estudiaron todos los puestos de trabajo que pudieran estar afectados de estos inconvenientes. El estudio fue de mutuo acuerdo entre la empresa y el Comité de Seguridad. Además se dotó a todo el personal de taller de las prendas de vestir, calzar y gafas de protección (incluso graduadas) para garantizar su seguridad en el puesto de trabajo.

Instauración del Premio de Vinculación a los 25 años: a todo trabajador que cumplía 25 años de permanencia se le daba de premio equivalente el 15% de su nómina anual. No hace falta decir qué le pasa hoy a la mayoría a los 25 años, si es que llega a esa cifra algún trabajador: están deseando despedirlo por «obsoleto».

Instauración del Premio de Vinculación a los 40 años: igualmente, se estableció un premio económico para el trabajador que cumpliera una permanencia de 40 años en la empresa, que consistía en el 25% de su nómina anual.

Los trabajadores dados de baja médica recibirían una ayuda adicional, además de cobrar el 100% del sueldo: la fábrica, a petición del Jurado de Empresa, creó un fondo de enfermedad con el que se subvencionaba a aquellos trabajadores que padecían una enfermedad de larga duración, garantizándoles además el 100% de su sueldo.

Dotación de un fondo para anticipos reintegrables, como ayuda de los trabajadores en situaciones de necesidad: a nivel de Sociedad, y en función del valor total de la nómina, se fijaba un fondo para anticipos reintegrables. Este anticipo se adjudicaba de mutuo acuerdo entre la empresa y el Jurado para atender casos de necesidad justificada. El importe suponía una mensualidad a pagar en dos años, sin intereses.

El valor de las pagas extras para el personal de taller pasaba de 20 días a 30: el importe de las pagas extras estaba fijado en 20 días, y el Jurado consiguió que subiera a 30.

El descanso anual (vacaciones) se aumentaba a 30 días naturales: igualmente, el permiso del personal obrero era de 20 días anuales, y el Jurado de Empresa lo aumentó a 30.

Se posibilitó la adquisición de electrodomésticos Westinghouse al precio de costo y en pagos aplazados a 48 meses: se consiguió de la empresa que financiara una operación de adquisición, en condiciones muy ventajosas, de electrodomésticos de esta marca para todos los trabajadores de la fábrica, inclusive para los jubilados. Esta iniciativa se repitió dos veces.

Dotación a todos los trabajadores de un seguro de vida: se obtuvo de la empresa que dotara a todos los trabajadores de un seguro de vida concertado con La Estrella. La empresa pagaba el 70% de la prima y el resto lo pagaba el trabajador. En caso de causar baja por enfermedad el trabajador recuperaba el seguro íntegro.

Realización de un análisis particularizado de los puestos de trabajo, valorando mejor económicamente tareas concretas: se consiguió de la empresa que hiciera un estudio económico de todos los puestos de trabajo según sus tareas. En general fue favorable para la mayoría de los trabajadores, por lo que en la práctica fue una subida de sueldo generalizada.

Dotación al Economato de productos de calidad y precios competitivos: se dotó al Economato de una amplitud de productos de altas calidades y precios muy competitivos. Se facilitó su entrega en los propios aparcamientos.

Sistematización de la entrega de la ropa y prendas de trabajo: se logró que cada trabajador tuviera la tranquilidad de que sus prendas de trabajo se les entregarían de forma sistemática con carácter semestral. No hace falta añadir que todas las prendas estaban perfectamente homologadas.

Al margen de estas mejoras evidentes, que todos disfrutamos, en el terreno de la Seguridad e Higiene los trabajadores consiguieron todas las exigencias que recogía la Reglamentación, gracias a la labor incansable del Comité de Seguridad e Higiene. Y por si se fallaba en algo de inmediato se remitía y actuaba el Inspector de Trabajo.

Tampoco se quedaban quietos

Con el decreto 55/63, de fecha 17 de enero de 1963, el gobierno estableció el salario mínimo a nivel nacional en 1.800 pesetas mensuales o 60 pesetas diarias. Esto supuso uno de los conflictos más serios con los que se enfrentó este Jurado de Empresa de los años sesenta. El problema surgía de la la interpretación de este decreto, y más concretamente de su artículo 4º («Absorciones»).

Como casi todas las reivindicaciones relevantes, éstas se fraguaron en la Sección de Soldadura de la División de Aparellaje (”las cortinas”), puesto de trabajo habitual de Blas Pérez Poyato y Rafael Conejo Córdoba, cabezas visibles y líderes indiscutibles del Jurado de Empresa de entonces.

La cosa se complicó y se dieron en Aparellaje los primeros paros parciales, teniendo como centro de gravedad las mencionadas cortinas. Nada más enterarse de esta situación se personó en dicha Sección el Jefe de Personal, señor Jaén Lacalle, que intentó disuadir a los trabajadores de su postura. Al final acordaron fijar una reunión para matizar y explicar la subida, consiguiéndose finalmente acercar las posturas.

Aparte de las arduas negociaciones con la empresa en las mejoras de los convenios antes indicadas, sería interminable enumerar todas las actuaciones realizadas por este olvidado grupo de Jurados, que sin depender de ningún partido hicieron siempre gala de una independencia, integridad y capacidad de lucha incansables. Fueron épicas las discusiones en el despacho del Director, donde Rafael Conejo Córdoba dejó como celebre para el recuerdo aquella frase que, un tanto alterado, le soltó al gran jefe: «Señor director, que las lentejas y el pan valen igual para todos los trabajadores de esta fábrica».

Al principio de los setenta la mayoría de estos compañeros se hicieron a un lado y abandonaron sus cargos sindicales, dando paso a los sindicatos llamados democráticos, al principio aún en la clandestinidad, al menos en sus intenciones políticas.

Algunos de estos antiguos Jurados, de vez en cuando, trataron de intervenir en aquellas primeras y novedosas asambleas que se implantaron en la fábrica, ya controladas por los miembros del nuevo Comité. Todavía recordamos muchos la intervención del bueno de Paco López García, anterior Jurado, que en una de esas asambleas se creyó con la libertad de dar su humilde opinión. Pues bien, este ejemplar y modélico compañero fue poco menos que masacrado por decir lo que pensaba. Pues fue maltratado de palabras y con insultos por un miembro destacado de aquel Comité, que llegaría a llamarle públicamente como «cucaracha y escarabajo».

Paco López lloró de impotencia al sentirse injustamente maltratado por este individuo delante de todos los compañeros de la fábrica. Falleció pocos años después, en 1980. Algo parecido le pasó, aunque en menor medida, al sindicalista y excelente persona Ildefonso López, y eso que éste era ya de la UGT. Pero es que allí el que osaba expresar su desacuerdo con los que mandaban, Comisiones Obreras, eran literalmente vapuleado, Esa «democracia sindical», a pesar de la propaganda que tuvo, era así: quien se atreviera a disentir u opinar otra cosa de lo que aquel Comité proponía era señalado y perseguido, y si hacía falta se llegaba con sus amenazas hasta el propio puesto de trabajo. Como resultado previsible, allí no se movía nadie, nadie opinaba. Conocí personalmente a muchos del Comité y puedo dar fe de las sinceras inquietudes laborales de algunos de ellos, pero la alta política, que estaba por encima de ellos, era la que marcaba el rumbo de aquellas asambleas.

Todo empezó en la mina La Camocha

Se dice que Comisiones Obreras como tal nació en la mina La Camocha, en Gijón, en 1957, donde se significaron tres mineros: Casimiro Bayón, Pedro Galache y Gerardo Tenreriro. Ante una serie de problemas laborales optaron por formar una Comisión Obrera al margen del Jurado de Empresa, para discutir a través de ella sus reivindicaciones con la empresa. Casimiro Bayón fue el alma de aquella huelga de 9 días del mes de enero de ese 1957, así como la posterior de 1958. Aparte de su carácter, la ejemplaridad indudable como trabajador de Casimiro le hizo convertirse en el líder de aquel grupo de veinte trabajadores que formaron el núcleo inicial de Comisiones, todos ellos simpatizantes del perseguido Partido Comunista, la única oposición política relevante al franquismo de entonces. Aun así, Casimiro contó con la autorización de la empresa para recorrer los tajos y hablar con los más destacados grupos de mineros para conseguir su apoyo.

La mina La Camocha es un ejemplo de ese inicial mundo sindical fraguado en el duro entorno de las industrias. Partía de trabajadores que luchaban por sus derechos, gente honrada y trabajadora en su gran mayoría, enfrentándose muchas veces con valentía a medidas de represión y castigo.

Pero sobre ellos planeaba la sombra interesada del Partido Comunista, que se había lanzado a infiltrarse y dominar los Sindicatos Verticales para copar sus puestos (el llamado Consejo de Trabajadores, por ejemplo). Dándose cuenta de la repercusión que podría tener lo ocurrido en la mina La Camocha, y su extensión a otros centros de trabajo, fagocitó a las incipientes Comisiones Obreras que se estaban formando y puso al frente de todo ello a Marcelino Camacho, también otro trabajador ejemplar.

Comisiones Obreras creyó en un principio que debería ser el único sindicato, a imagen de los Sindicatos Verticales. Pero con las nuevas leyes democráticas, el 28 de septiembre de 1976 el Secretariado de la Coordinadora General de Comisiones Obreras aprobó su constitución como sindicato en el seno del nuevo marco político. Así, el modelo de central sindical única que Comisiones siempre había acariciado se les fue desdibujando con el tiempo, ante la existencia de USO, el tímido resurgir de la CNT, y sobre todo, la vuelta a escena de la UGT.

Es indudable que durante estos primeros años de la Transición Comisiones Obreras estuvo muy mediatizada por el Partido Comunista de España. De una protesta continua por cualquier tema, con huelgas incesantes de todo tipo (acompañado en ocasiones de actos violentos) fue poco a poco levantando el pie del acelerador conforme el PCE, ya legalizado, fue parte institucional de los llamados Pactos de la Moncloa. Había que dar otra imagen, así que aquí paz y después gloria. Y como, además, el PCE se fue dando cuenta en las sucesivas elecciones generales de que sus expectativas de ser un partido con opciones de gobernar en España habían sido castillos en el aire, su influencia en el sindicato, sin perderla nunca, fue progresivamente menguando.

En 1987 hubo elecciones en el seno de la dirección de Comisiones Obreras y resultó ganador el delfín de Marcelino Camacho, Antonio Gutiérrez Vegara, un perfil más moderado, que ya pensaba que el sindicato no tenía que estar sujeto a lo que dictaminara ningún partido político, que tenía que ser independiente. No eran ya los tiempos aquellos de cuando Carrillo demandaba a Comisiones tal o cual acción en la calle, encierros, huelgas, etcétera, en función de sus intereses políticos. Como ejemplo, los más mayores recordamos aún cuando volcaron y quemaron autobuses de la empresa de autobuses de Córdoba porque habían subido el billete una peseta. Así se las gastaban.

Pasaron todas estas situaciones y se fueron aclarando las situaciones políticas. Y todos los gobernantes, de un signo y de otro, se volcaron en ayudas y subvenciones a los sindicatos. Liberados y directivos empezaron a disfrutar de sueldos, prebendas, reconocimiento social y cómodos despachos. Lo malo es que la mayoría empezaba a no tener una dura carrera laboral detrás a modo de ejemplo como había sido el de aquellos primeros sindicalistas. Ser sindicalista se convertía casi en una profesión muy cómoda y bien remunerada. Ya puestos, y dado su poder, algunos tomaron parte hasta en enjuagues, inventando salarios cotizados para determinadas personas en ese escándalo tapado de los ERE de Andalucía.

Sea de una forma u otra los sindicatos fueron perdiendo ese aire renovador que se vislumbraba a finales de los 80. Si ahora no se ligan a un partido político concreto (aunque esto con reservas) sí lo hacen con determinados planteamientos netamente políticos con las cuales no tienen por qué comulgar gran parte de los trabajadores que ellos dicen representar. Han estado totalmente callados en estos últimos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, con los trabajadores asfixiados por una presión fiscal insoportable mientras han padecido el encarecimiento desorbitado de la luz, el gas, el combustible, la cesta de la compra, los pisos, los alquileres… La clase media es cada vez menos media y más baja.

Hasta la misma Manola Carmena, la que fuera alcaldesa de Madrid y nada sospechosa de ser franquista, ha reconocido públicamente que Franco supo resolver el problema de la vivienda construyendo millones de viviendas, indicando además que la construcción era uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Hoy se da la circunstancia de que por cada 22 políticos o sindicales hay un trabajador de la construcción y lo comprobamos en casa cuando necesitamos el servicio de alguno de ellos. Luego aclaró, que el actual problema de los alquileres ya viene desde la Ley Boyer (Real Decreto 2/1985 de 30 de Abril) que liberalizó los alquileres.

Después de tantos motivos razonables como se han dado para protestar y salir a la calle en defensa de los trabajadores que cotizan y pagan sus impuestos, nos salen ahora con una huelga general ¡¡en contra de la oposición!!, como aviso preventivo a navegantes por si llegan al poder, disimulando los fracasos de su gobierno precisamente en lo que es el lema de su huelga: «Por los Salarios, la Vivienda y los Precios». Si los Jurados de Empresa que conocí, o incluso aquellos primeros sindicalistas de Comisiones los vieran, los corrían a gorrazos.