La vivienda en Córdoba llega al 29N más cara y con oferta pública por construir

Entre junio de 2025 y mayo de 2026 se vendieron 5.409 viviendas en Córdoba capital, casi el doble que las 2.753 de 2016, según el Centro de Información Estadística del Notariado. En ese tiempo, el metro cuadrado pasó de 1.055 a 1.557 euros, un 47% más. El registro municipal de demandantes de vivienda protegida suma más de 7.000 inscripciones, aunque el gobierno local advierte de que muchos solicitantes figuran a la vez en compra y en alquiler. Las promociones que prepara Vimcorsa, además, no empezarán a construirse hasta 2027. Es el punto de partida de un asunto que los partidos han situado en el centro de la campaña de las generales del 29 de noviembre.

Casi nueve de cada diez casas vendidas en ese periodo eran de segunda mano. Entre enero y julio se firmaron en la provincia 5.403 hipotecas urbanas, un 24,9% más que en 2024 y la cifra más alta para esos meses en al menos una década, según los datos del INE. En el segundo trimestre, las compraventas en la capital crecieron un 8,7% según el Ministerio de Vivienda, y las de obra nueva pasaron de 94 a 250.

Los precios siguen subiendo. Según Idealista, en septiembre los vendedores pedían de media 1.850 euros por metro cuadrado en la capital, un 10,3% más que un año antes, aunque muy por debajo de los 2.952 de Andalucía y los 2.930 de España. El teniente alcalde de Urbanismo y Vivienda, Miguel Ángel Torrico, sostiene que la ciudad «sigue resistiendo mejor la crisis de la vivienda» y lo atribuye a la política municipal de liberar suelo y a las ventajas fiscales. El portal registra además un leve retroceso del 0,1% respecto a junio, cuando en el conjunto de Andalucía el precio subió un 1,7% en esos tres meses.

Por zonas, el Centro y Noreña-Figueroa superan ya los 2.100 euros por metro cuadrado en venta, y Campo de la Verdad, el único distrito que abarató precios en el primer semestre, ha vuelto a subir.

Alquilar en la capital

El alquiler también sube, aunque a menor ritmo. Idealista lo sitúa en 9,6 euros por metro cuadrado al mes, un 5,2% más que hace un año y por debajo de los 14,1 euros de Andalucía y los 15,1 de España. Un piso de 80 metros sale así por unos 768 euros mensuales.

El esfuerzo es mayor para los jóvenes. El Consejo de la Juventud de Andalucía calcula que el alquiler medio en la capital, de 688 euros al mes tras subir un 7,5% en 2025, se llevaría el 66% del sueldo de un joven que viviera solo. Según el mismo informe, sólo compartiendo piso se queda por debajo del 30% de los ingresos, el umbral que toma como referencia. El 82% de los menores de 30 años sigue en casa de sus padres.

En su comparecencia de mayo en el Senado, el alcalde, José María Bellido, citó un estudio municipal según el cual las viviendas turísticas concentran el 60% de las plazas turísticas de la ciudad y, en algunas zonas del casco histórico, más del 40% de los inmuebles. A su juicio, eso ha supuesto la salida de vecinos y la subida del alquiler en esas calles. El Ayuntamiento aprobó una moratoria y prepara la prohibición de nuevos pisos turísticos en partes del casco y del Distrito Sur, aunque Bellido sostiene que el fenómeno no determina el mercado del conjunto de la ciudad. Hacemos Córdoba, en cambio, reprocha al gobierno local haber concedido más de 200 licencias turísticas en los últimos meses.

En ayudas, la Junta reabrió en enero el Bono Alquiler Joven, de 250 euros al mes para jóvenes de 18 a 35 años, con 34,2 millones más y un tope de 15.000 solicitudes en toda Andalucía. El candidato socialista a la Alcaldía, José Antonio Romero, sostiene que la Junta «ha paralizado varios meses el Alquiler Joven que paga el Gobierno». El Ayuntamiento dispone este año de 1,5 millones para ayudas al alquiler a través de los servicios sociales, y la enmienda aprobada esta semana lo compromete a que sean suficientes y se tramiten con agilidad.

Compradores más mayores y más ejecuciones

El comprador medio tiene hoy 45 años, cuatro más que en 2016. Agentes inmobiliarios de la provincia constataban en mayo la llegada de jóvenes que no encuentran casa en la capital. En La Carlota, una agencia resumía que por lo que vale un piso de dos dormitorios en Córdoba se compra allí un chalet. En Villafranca de Córdoba, Carmen Morán, de la inmobiliaria CMV, situaba un piso de 100 metros en torno a 110.000 euros y señalaba a Villafranca y a la pedanía de Alcolea como los núcleos que más vecinos reciben.

El informe provincial de pobreza y exclusión de EAPN, presentado esta semana, recoge 883 ejecuciones hipotecarias en la provincia en 2025. Un año antes fueron 313, y ninguna otra provincia andaluza registró una subida mayor. La coordinadora de la red en Córdoba, Sonia Pintor, incluye este dato entre los tres indicadores provinciales que considera preocupantes. Por el Centro de Emergencia Habitacional municipal han pasado en su primer año 28 familias, 79 personas en total, con una estancia media de cinco meses y medio.

Poco suelo y pocas obras

En 2025 se visaron en la provincia 1.162 viviendas, un 27% menos que el año anterior; en 2006 se superaron las 10.000. Construcor considera que ese ritmo no basta para cubrir el déficit acumulado. Su presidenta, María Dolores Jiménez, lo explicaba así en julio: «No podemos tardar diez, quince o veinte años en transformar un suelo mientras miles de familias necesitan una vivienda». A su juicio, más de una cuarta parte del precio final de una casa son impuestos, tasas y cargas administrativas.

El arquitecto técnico Juan Manuel Gómez Carmona, fundador de portales especializados en obra nueva, contabiliza 43 promociones en marcha en la capital. En 2019 y 2020 eran 96. Según sus cálculos, hay casi un 40% menos de viviendas en oferta, el 95% ya está vendido y quedan disponibles entre 300 y 400. «Nos ha pillado el toro de una manera importante en la ciudad debido a la lentitud en el desarrollo del suelo», sostiene.

Jiménez cree además que no tendría sentido que la ciudad creciera hacia fuera mientras el casco histórico pierde vecinos. En junio, el Consejo del Movimiento Ciudadano advertía de que el nuevo PGOM ni siquiera tiene aprobado el avance y temía que el retraso condicione el modelo de ciudad.

La Junta movilizó en agosto, a través de AVRA, suelo para 3.678 viviendas en Andalucía. A la provincia de Córdoba le correspondieron 94, la cifra más baja de las ocho. La Gerencia de Urbanismo ha autorizado terminar cien viviendas paralizadas durante casi una década junto a los Colegios Mayores y ha cambiado el uso de un solar frente al C3A para alojamientos juveniles del Plan VIVE. También tramita una actuación privada para 140 viviendas en Ollerías.

Promociones públicas con fecha en 2027

Vimcorsa anunció hace un año un programa de 948 viviendas, 759 para venta y 189 para alquiler. Torrico cifra ahora en 646 las que la empresa tiene en proyecto y prevé que las obras empiecen a lo largo de 2027, sin calendario por promoción. Según avanzó, el futuro PGOM reservará cerca de la mitad de los nuevos desarrollos a vivienda protegida, también en la promoción privada.

En los terrenos de la antigua cárcel de Fátima, donde se proyectan 90 alojamientos de alquiler para jóvenes y mayores, el Ayuntamiento espera a que la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda y propietaria de esos solares, los urbanice. «Vimcorsa no puede entrar a construir hasta que termine la urbanización», afirmó Torrico. Del Plan VIVE, las actuaciones más próximas a arrancar son la de la calle Pretorio, con 65 alojamientos y un presupuesto de 6,8 millones, y la de los terrenos frente al C3A, con 70 alojamientos y 5,8 millones de financiación europea.

En rehabilitación, Vimcorsa abrió este mes una línea de 360.982 euros para fachadas del casco histórico, con hasta 25.000 euros por propietario. La Junta licitó en mayo, por 287.705 euros, la mejora energética de nueve viviendas sociales de la Corredera y prepara en Puente Genil la rehabilitación de 90 pisos públicos de la barriada Francisco de Quevedo, por 1,79 millones. En Cabra, el Ayuntamiento y la Fundación Vimpyca han acordado cinco apartamentos a 250 euros al mes y un sexto para emergencias. Sigue sin resolver la situación de las parcelaciones en zonas inundables, que el alcalde, José María Bellido, calificó en febrero de «un dilema muy complicado».

Las recetas de cada partido

El gobierno municipal del PP presenta su gestión como modelo. En el Senado, Bellido pidió agilizar los informes que, a su juicio, retrasan años los desarrollos ya previstos, con ayuda de los colegios profesionales. También reclamó flexibilizar la regla de gasto y el uso de los remanentes para que los ayuntamientos puedan destinarlos a vivienda. «Es una emergencia nacional», sostuvo, antes de proponer un gran acuerdo entre partidos.

La Junta y la dirección del PP señalan al Gobierno central. Elías Bendodo, coordinador de Política Autonómica y Municipal del partido, sostuvo en septiembre en Lucena que la falta de suministro eléctrico, competencia del Estado, bloquea miles de viviendas, y que el Gobierno «ni hace ni deja hacer». La parlamentaria andaluza Beatriz Jurado acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de generar inseguridad jurídica. Frente a eso, defendió la ley autonómica de vivienda, en vigor este año, y los avales para jóvenes de hasta 40 años, ampliados a 80 millones y con los que pueden financiar hasta el 100% de la compra. Torrico resume la posición de su partido en que la izquierda, según dijo esta semana, se ha acordado de la vivienda «cuatro días antes de convocar elecciones».

PSOE y Hacemos Córdoba dirigen sus críticas a la Junta y al Ayuntamiento. Romero, candidato socialista a la Alcaldía, sostiene que ambas administraciones han hecho «cero vivienda social» y que el precio ha subido un 27,9% con el PP. Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos Córdoba, reprocha que la Oficina de la Vivienda lleve siete años desactivada. Los dos grupos reclaman que la Junta aplique la ley estatal para intervenir precios y declarar zonas tensionadas.

Vox culpa a las políticas socialistas del problema y pide facilitar la construcción, movilizar suelo, reducir trámites, dar seguridad jurídica y reservar la vivienda protegida, en palabras de la edil Marta León, «para quien realmente lo necesita». Esas posiciones chocaron esta semana en el Pleno extraordinario que forzaron PSOE y Hacemos, que terminó con la enmienda del PP aprobada gracias a la abstención de Vox y con las 19 propuestas de la izquierda sin votar. El lunes, según anunció Torrico, la Gerencia de Urbanismo recibirá el encargo de gestionar los alojamientos del Plan VIVE, que el Ayuntamiento cifra entre 600 y 650.