Asaja alerta del impacto del inventario de cauces sobre las fincas y los derechos de riego en Córdoba

Asaja Córdoba ha advertido de las consecuencias que podría tener para las explotaciones agrarias la aplicación del Inventario de Cauces Públicos si la Administración utiliza su cartografía para atribuirle efectos propios de un deslinde. La organización teme que la identificación de terrenos como cauces pueda afectar a la propiedad de las fincas, a derechos de riego ya reconocidos y a las posibilidades de realizar obras y mejoras.

Esta preocupación ha motivado la presentación de más de una treintena de expedientes de alegaciones de socios afectados durante el periodo de información pública. La asociación reclama que los mapas sean una herramienta técnica de apoyo y que no se conviertan en un «deslinde encubierto» que sustituya los procedimientos y las garantías para los propietarios.

Según explica Asaja, el inventario se ha elaborado principalmente a partir de cartografía preexistente y procesos semiautomáticos, una metodología que puede generar errores al trasladarse a parcelas concretas. Por ello, pide que se compruebe la realidad de los terrenos y se estudie cada alegación antes de adoptar decisiones que puedan perjudicar a las explotaciones.

La organización sostiene que la inclusión de una superficie en estos mapas no puede equipararse a una resolución de deslinde. En su argumentación, recuerda que es el deslinde aprobado el que declara la posesión y la titularidad de los terrenos a favor del Estado, por lo que reclama que se respete el procedimiento correspondiente y la intervención de los afectados.

Posibles limitaciones para obras y mejoras

La inquietud de la asociación también alcanza a los terrenos colindantes. Asaja señala que la delimitación de los cauces lleva aparejadas zonas de protección que pueden condicionar los usos del suelo y las actividades en las fincas.

Entre las posibles consecuencias, cita la necesidad de solicitar autorizaciones para obras y construcciones, los condicionantes para movimientos de tierras, rellenos y nivelaciones, y las limitaciones para caminos, canalizaciones y otras instalaciones. También menciona las reglas sobre plantación y corta de arbolado y las restricciones relacionadas con el riesgo de inundación y la protección del dominio público hidráulico.

La asociación advierte de que una identificación incorrecta puede extender sus efectos más allá de la superficie marcada como cauce y «comprometer futuras inversiones, mejoras e infraestructuras necesarias para la actividad agraria».

Por ello, reclama a la Administración que aclare el alcance jurídico del inventario y revise los posibles errores. También pide garantías de que su cartografía no se utilizará por sí sola para alterar derechos de propiedad o concesiones de riego. La organización defiende que la protección de los cauces debe ir acompañada de rigor técnico, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los agricultores.