Las comparecencias de Salvador Fuentes y Andrés Lorite para explicar las subidas de tarifas del agua y de la basura han devuelto al debate público una cuestión de fondo que trasciende las cifras: cómo sostener la viabilidad de las empresas públicas provinciales sin que el equilibrio financiero recaiga siempre sobre las espaldas del contribuyente.
Ambos dirigentes han expuesto con claridad el problema. Emproacsa y Epremasa, las dos grandes prestadoras de servicios esenciales en la provincia, arrastraban un déficit que amenazaba su estabilidad y, en palabras del propio Fuentes, rozaba la quiebra técnica. La actualización de tarifas propuesta —un 5,37 % en el agua y un 17,5 % en la recogida de residuos— busca precisamente evitar ese desenlace y asegurar la continuidad de los servicios y de los cerca de seiscientos empleos vinculados a ambas sociedades. Se trata, en suma, de una decisión poco popular pero necesaria, y de un ejercicio de responsabilidad institucional.
Sin embargo, la solución adoptada invita a una reflexión más profunda. Cuando la Diputación «inyecta» decenas de millones para sostener el funcionamiento o las inversiones de sus empresas, conviene recordar que ese dinero también es público, procede de los mismos impuestos y, por tanto, del mismo contribuyente. En la práctica, el ciudadano acaba pagando dos veces: una a través de su recibo y otra mediante las transferencias que la corporación provincial destina a cubrir desequilibrios estructurales.
Tampoco debe pasarse por alto el argumento laboral. El compromiso de «salvar los 300 puestos de trabajo» se ha convertido en la bandera moral de la medida. Nadie discute que proteger el empleo público sea una prioridad, pero una empresa pública no puede renunciar a evaluar su eficiencia ni a modernizar su estructura. Mantener una plantilla quizá sobredimensionada o poco flexible sería hipotecar el futuro con la mejor de las intenciones. La estabilidad laboral, por sí sola, no puede ser el único indicador de éxito en la gestión.
A este discurso se ha sumado UGT, que respalda la subida de tasas en defensa del empleo. Es una coincidencia que revela la centralidad del factor laboral en la política provincial, pero también la falta de un debate más ambicioso sobre productividad, digitalización o ahorro de costes. Sostener la paz social es legítimo; hacerlo exclusivamente a costa del bolsillo ciudadano, más discutible.
El Gobierno provincial está actuando con sentido de responsabilidad al reconocer el problema y afrontarlo sin demagogia, pero el reto de fondo sigue intacto: se necesitan empresas públicas fuertes, sostenibles y eficientes, capaces de equilibrar sus cuentas sin recurrir cada ejercicio a nuevas subidas o a inyecciones presupuestarias. La transparencia contable, la revisión de procesos internos y la búsqueda de eficiencia deben acompañar a cualquier actualización de tarifas si se quiere mantener la confianza ciudadana.
Porque el equilibrio financiero no puede depender eternamente de la comprensión y del bolsillo del contribuyente.
