Hacienda cobra, el cliente protesta y el autónomo paga la diferencia
«No es, normalmente, quien soporta jurídicamente el impuesto. Pero puede soportar su incidencia económica»
«El Estado es la gran ficción mediante la cual todo el mundo intenta vivir a costa de todos los demás.»
Hay una frase que se repite hasta convertirse en dogma: «Los autónomos no pagan IVA». Técnicamente, es cierto. Económicamente, la frase es bastante más tramposa. El autónomo cobra el IVA al cliente y, posteriormente, lo ingresa a Hacienda, descontando el IVA soportado en sus compras y gastos. Es, en esencia, un intermediario en la recaudación. El impuesto está diseñado para gravar el consumo, no la actividad empresarial del autónomo. Pero aquí empieza la parte incómoda; que el autónomo no sea el sujeto final del impuesto no significa que el IVA no tenga ningún coste para él.
Imaginemos a un profesional que cobra 1.000 euros por un servicio. Con un IVA del 21%, el precio final asciende a 1.210 euros. Sobre el papel, esos 210 euros no son suyos. Pero ¿qué ocurre si el cliente considera que 1.210 euros son demasiado caros?
Ahí aparece el verdadero coste económico del IVA. El autónomo puede verse obligado a reducir su precio base para mantener competitivo el precio final. Quizá no pueda cobrar 1.000 euros, sino 900. El cliente paga 1.089 euros y el Estado recauda 189. El impuesto sigue siendo, formalmente, un impuesto sobre el consumidor. Pero parte de su carga económica ha recaído sobre el autónomo.
Esto tiene un nombre en economía: Tax Incidence, o Incidencia Fiscal.
La incidencia de un impuesto no depende exclusivamente de quién está obligado legalmente a pagarlo, sino de quién termina soportando realmente su coste económico. Y ahí entran en juego la elasticidad de la demanda, la competencia, los márgenes empresariales y el poder de negociación.
Si los clientes son muy sensibles al precio, repercutir íntegramente el IVA puede ser imposible. El autónomo absorbe entonces una parte mediante menores márgenes. Si, por el contrario, el servicio tiene una demanda poco sensible al precio, podrá trasladar prácticamente todo el impuesto al consumidor. Por eso resulta demasiado simplista decir que «el autónomo no paga IVA». No lo paga como consumidor final. No es, normalmente, quien soporta jurídicamente el impuesto. Pero puede soportar su incidencia económica. Y aquí está la paradoja: cuando se sube el IVA, no necesariamente se encarece únicamente la vida del consumidor. También puede reducirse el margen de quien vende, trabaja por cuenta propia o presta un servicio.
El autónomo puede ser recaudador para Hacienda, pero el mercado decide quién paga realmente la factura. Y esa diferencia entre quién ingresa el impuesto y quién soporta su coste es precisamente la razón por la que hablar de IVA exige algo más que mirar una factura. Porque en economía, quién paga y quién soporta no siempre son la misma persona.
