Los fallos de mercado: el mito que justifica más estado
«Si el criterio es comparar el mundo real con un ideal imposible, cualquier mercado aparecerá inevitablemente como imperfecto»
El orden social que se genera de forma espontánea por las interacciones de los individuos en el mercado es infinitamente más complejo y eficiente que cualquier orden diseñado por la mente humana
Todo aquel que haya tenido un mínimo roce con la ciencia económica, de un modo u de otro, habrá escuchado el concepto de «fallos de mercado». Concepto que está tremendamente adulterado y que engloba, la mayoría de las veces, infinidad de casos donde se producen más fallos de Estado que de mercado, curioso, ¿No creen? La cuestión no es tanto -que también- si existen fallos de mercado, sino si la intervención del Estado mejora el resultado del mercado a esa generación de «fallos de mercado».
Es innegable que existe contaminación, monopolios o problemas de información que dan lugar a una interpretación y posterior conclusión que se resume en culpar al mercado y a sus fallos, de hecho, lo que si es objeto de negación es que esos fenómenos citados anteriormente tengan que ver con una falla inherente del mercado.
Durante décadas la existencia de los llamados «fallos de mercado» ha sido uno de los principales argumentos para justificar la intervención del Estado en la economía. Externalidades, monopolios, bienes públicos o asimetrías de información suelen presentarse como pruebas de que el mercado, por sí solo, no puede asignar los recursos de manera eficiente. Sin embargo, sin negar evidencias del mercado como comentaba anteriormente, la Escuela Austriaca de Economía ha demostrado empíricamente que los fallos de mercado son, en gran medida, un mito conceptual.
La crítica comienza por cuestionar el propio punto de comparación. La teoría económica convencional identifica un fallo de mercado cuando la realidad se aleja del modelo de competencia perfecta. Pero ese modelo supone información imperfecta, ausencia de costes de transacción y una multitud de oferentes y demandantes, condiciones que nunca se cumplen plenamente. Si el criterio es comparar el mundo real con un ideal imposible, cualquier mercado aparecerá inevitablemente como imperfecto.
Desde esa perspectiva, muchos de los problemas atribuidos al mercado responden en realidad a instituciones deficientes o a derechos de propiedad mal definidos. La contaminación, por ejemplo, suele describirse como una externalidad negativa que exige regulación pública. Sin embargo, autores como Ronald Coase sostuvieron que, cuando los derechos de propiedad están claramente definidos y los costes de negociación son reducidos, las partes pueden alcanzar soluciones eficientes mediante acuerdos voluntarios. El problema, por tanto, no sería el mercado en sí, sino la ausencia de un marco institucional adecuado.
Algo similar ocurre con los monopolios. Mientras la visión tradicional considera que una empresa dominante puede abusar de su posición, habría que distinguir entre monopolios creados por privilegios estatales y empresas que alcanzan el liderazgo compitiendo con éxito. En un mercado verdaderamente abierto, cualquier beneficio extraordinario atrae nuevos competidores. Las posiciones dominantes solo se vuelven permanentes cuando existen barreras legales que dificultan la entrada de nuevos actores.
Otro aspecto fundamental de esta crítica es que suele hablarse mucho de fallos del mercado, pero mucho menos de los fallos del Estado. Reguladores con incentivos políticos, burocracias ineficientes, grupos de presión que capturan mucho poder o decisiones tomadas con información incompleta también generan asignaciones ineficientes. La cuestión relevante no es únicamente si el mercado presenta imperfecciones, sino si la intervención pública consigue realmente mejorar la situación, o, por el contrario, introduce distorsiones aún mayores.
En conclusión, toda desviación respecto al modelo de competencia perfecta legitima automáticamente una mayor intervención estatal en la economía. Al desafiar esa premisa, artículos como este, obligan a replantear una cuestión esencial de la economía política: si el problema está realmente en el mercado o, en muchas ocasiones, en las instituciones que nos rodean.