Con las listas ya presentadas para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, la sanidad pública vuelve a ocupar el centro del debate político como principal ariete electoral de la izquierda. El PSOE, acompañado de sus habituales aliados sindicales, ha convertido nuevamente el estado del sistema sanitario andaluz en el gran eje de confrontación contra el Gobierno de Juanma Moreno. Y es lógico que así sea: pocas materias preocupan más al ciudadano que aquella de la que depende su salud y la de su familia.
Sin embargo, convendría introducir algo de memoria y, sobre todo, de honestidad en un debate cada vez más contaminado por el tacticismo partidista. Porque los datos objetivos reflejan que desde 2018 el esfuerzo presupuestario en materia sanitaria ha sido notable. El presupuesto del Servicio Andaluz de Salud ha crecido más de un 50 % desde entonces; la plantilla de profesionales ha aumentado en decenas de miles de efectivos; y la Junta ha impulsado más de un centenar de nuevas infraestructuras sanitarias en este periodo. La actividad asistencial también ha aumentado de manera creciente, con millones de consultas más y cifras récord de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas en los últimos ejercicios.
Negar esa realidad sería faltar a la verdad. Como también lo sería obviar de dónde venía Andalucía tras décadas de gobiernos socialistas: una sanidad permanentemente situada entre las peor financiadas por habitante de España, hospitales prometidos durante años sin ejecutar, plantillas precarizadas, protestas masivas de profesionales en la calle y, no menos importante, el escándalo de los cientos de miles de pacientes no computados en listas de espera que afloró tras el cambio de gobierno en 2019.
Especialmente llamativa resulta la indignación actual del PSOE con el recurso a conciertos y derivaciones a la sanidad privada, como si se tratara de una perversión inédita del actual gobierno. Conviene recordar que los gobiernos socialistas recurrieron durante años exactamente a la misma fórmula, destinando cientos de millones a conciertos sanitarios mientras hoy denuncian como «privatización» aquello mismo que practicaron cuando ocupaban San Telmo. La hemeroteca, en este punto, resulta especialmente cruel con quienes pretenden erigirse ahora en guardianes inmaculados de la sanidad pública.
Ahora bien, reconocer la hipocresía socialista no implica cerrar los ojos ante la realidad presente. Y esa realidad es que, pese al esfuerzo presupuestario, pese al aumento de plantilla y pese a las inversiones realizadas, la sanidad andaluza sigue sin funcionar como debería. Los propios ciudadanos así lo perciben y la mayoría de los usuarios, cuando son preguntados considera inaceptables los tiempos de espera con problemas como que pocos son los que, por ejemplo, consiguen cita con su médico de cabecera en menos de tres días. A ello se suman unas listas de espera quirúrgica que, aunque han mejorado en algunos indicadores recientes, siguen situando a Andalucía en 160 días de demora media, muy por encima de la media nacional de 119. También persisten denuncias por falta de personal y retrasos diagnósticos en distintas áreas del sistema.
Es decir: el problema ya no puede reducirse a cuánto dinero se pone sobre la mesa. Porque más recursos ha habido. Tampoco a cuántos profesionales se contratan. Porque más profesionales hay. Ni siquiera exclusivamente a infraestructuras. Porque nuevas instalaciones se han construido. El problema parece más profundo y apunta a una cuestión estructural de modelo, organización, eficiencia y gestión.
Por eso quizá haya llegado el momento de admitir una evidencia incómoda para todos: la sanidad pública necesita en Andalucía algo parecido a un gran pacto de Estado autonómico, un acuerdo estable entre fuerzas políticas y agentes sociales que la saque definitivamente de la refriega electoral. Porque mientras unos y otros la utilicen como arma arrojadiza según estén en el Gobierno o en la oposición, el sistema seguirá degradándose entre la propaganda, la pancarta y los titulares.
La sanidad no pertenece a ningún partido. La pagan todos los contribuyentes, la sostienen todos los profesionales y la necesitan todos los ciudadanos. Precisamente por eso merece algo mejor que convertirse, elección tras elección, en simple munición de campaña.
