La economía del aplauso: cuando quedar bien sale demasiado caro

La curiosa tarea de la economía es demostrar a los hombres lo poco que saben realmente sobre aquello que imaginan poder diseñarFriedrich Hayek

Vivimos en una época en la que la política económica parece haberse convertido en un concurso de buenas intenciones. Ya no importa tanto si una medida funciona como si su anuncio arranca aplausos. La pregunta ha dejado de ser «¿qué consecuencias tendrá?» para convertirse en «¿a cuántos votantes hará sentirse bien?». Y así, entre titulares complacientes y promesas imposibles, hemos elevado el buenismo económico a categoría de doctrina de Estado.

En este nuevo orden, quien advierte de los costes no es un interlocutor incómodo, sino un enemigo. El economista que presenta cifras identifica incentivos o recuerda restricciones presupuestarias recibe una respuesta que poco tiene que ver con sus argumentos: insensible, catastrofista, enemigo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay verdades que no caben en un eslogan. Y porque resulta más fácil desacreditar al mensajero que reconocer que los recursos son escasos.

Hablemos de las pensiones. Todos queremos que nuestros mayores vivan dignamente. Pero desearlo no equivale a financiarlo. La AIReF ha advertido de que la sostenibilidad del sistema no ha mejorado y proyecta un gasto en pensiones del 16,1 % del PIB en 2050. ¿La respuesta política? Repetir que todo está garantizado, como si la demografía pudiera derogarse en el Boletín Oficial del Estado. No es defender las pensiones ocultar sus problemas; es ponerlas en riesgo.

Con la deuda ocurre algo parecido. Se celebra cada nuevo gasto como una conquista, pero se habla poco del dinero que habrá que destinar a pagar intereses. Esa factura no financia hospitales, escuelas ni infraestructuras: remunera obligaciones pasadas y reduce el margen para atender necesidades futuras. Endeudarse puede ser razonable; fingir que hacerlo no tiene coste, nunca.

Luego llegan los salarios. Por supuesto que deben crecer, pero una nómina no aumenta sosteniblemente porque un ministro lo ordene. La productividad, la inversión, la formación y la competencia importan. El salario mínimo puede mejorar ingresos de quienes conservan su empleo, pero cualquier subida exige analizar efectos sobre contratación, horas trabajadas y empresas más frágiles. La economía no admite milagros por decreto.

Y la vivienda: quizá el ejemplo más evidente de nuestra obsesión por confundir intención con resultado. Se promete abaratar el alquiler limitando precios, mientras se ignora el problema de fondo: faltan viviendas donde la gente quiere vivir. El Banco de España estimó un desfase de entre 400.000 y 450.000 viviendas entre la creación de hogares y la construcción terminada de 2022 a 2024. Los controles pueden aliviar las rentas de algunos inquilinos, pero también alterar la oferta y dificultar el acceso de quienes aún buscan casa. Proteger a quien ya está dentro no basta si cerramos la puerta a quienes están fuera.

Hay una arrogancia intelectual detrás de todo esto: creer que un despacho puede ordenar un sistema compuesto por millones de personas, preferencias cambiantes, información dispersa y decisiones simultáneas. Ningún gobernante conoce mejor que todos los ciudadanos juntos lo que necesitan, cuánto están dispuestos a pagar o qué riesgos pueden asumir. Sin embargo, seguimos jugando a ser Dios, dibujando sobre el papel equilibrios perfectos que se deshacen al contacto con la acción humana.

La alternativa no es la indiferencia social ni la ausencia de reglas. Es algo mucho menos espectacular: humildad, instituciones fiables, seguridad jurídica, incentivos bien diseñados y evaluación rigurosa. Ayudar de verdad exige distinguir entre lo que suena bien y lo que funciona.

Porque las buenas intenciones no pagan las pensiones, no construyen viviendas ni generan productividad. Y cuando el aplauso se convierte en criterio económico, la factura termina llegando. Casi siempre, a quienes se prometió proteger.