Adolfo Molina acusa a la Confederación del Guadiana de extralimitarse y exige desbloquear las obras entre La Colada y Sierra Boyera

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado este viernes de la presentación formal de las alegaciones al informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que desaconseja la ejecución del proyecto de conexión hidráulica entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera. Acompañado por el delegado de Agricultura, Francisco Acosta, Molina ha calificado dicho informe de «profundamente equivocado, técnicamente cuestionable y jurídicamente extralimitado», y ha reclamado su rectificación para que puedan iniciarse unas obras adjudicadas por la Junta por valor de 9,3 millones de euros.

Según ha detallado, las alegaciones responden a los principales reparos expuestos por la CHG, que apuntaban a la falta de viabilidad técnica, ambiental y económica del proyecto. En primer lugar, el Ejecutivo andaluz sostiene que las infraestructuras planteadas son «técnicamente viables», se basan en un proyecto suscrito por personal competente y tienen como objetivo completar y reforzar las obras de emergencia realizadas por el Estado, aprovechando infraestructuras ya existentes como la tubería instalada antes de 2009.

Sobre la viabilidad ambiental, Molina ha recordado que esa competencia recae legalmente en la Junta de Andalucía como órgano ambiental, y no en la Confederación del Guadiana, a la que acusa de extralimitarse. El proyecto, ha dicho, incluye un estudio ambiental con medidas correctoras y cuenta con el respaldo, entre otros, del Ayuntamiento de Belalcázar. En cuanto a la supuesta inviabilidad económica, ha sido tajante: «La CHG no tiene competencia para valorar la sostenibilidad financiera de un gasto aprobado por el Consejo de Gobierno, incluido en el canon del agua y fiscalizado por los órganos correspondientes».

El delegado también ha respondido a las dudas planteadas sobre la calidad del agua y la afección a la continuidad fluvial. Ha defendido que la torre de tomas proyectada mejorará la gestión del recurso al permitir seleccionar las capas de agua en función de su calidad, frente a la toma flotante provisional que existe actualmente. Además, ha reprochado que el informe de la Confederación aluda a una afección a la continuidad fluvial sin desarrollar técnicamente esa afirmación ni mencionarla previamente en el análisis.

«Lo que está en juego no es un trámite, es el derecho al agua de miles de personas», ha afirmado Molina, quien ha instado al Gobierno central a «no poner obstáculos» y a colaborar en una infraestructura que considera «clave para el presente y el futuro del norte de la provincia». Las alegaciones concluyen solicitando la autorización definitiva del proyecto, al considerar que no existe impedimento legal alguno desde el punto de vista de la gestión de recursos hídricos.