Pintada contra los Okupas en Eurovillas, Madrid

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Madrid

La Oficina Antiokupación de Madrid estará lista en marzo con un teléfono gratuito

Se podrá contactar a través del 112 y contará con dieciséis policías que darán asesoramiento en okupación

Una de las propuestas que siempre ha mantenido Isabel Díaz Ayuso ha sido la de poner en marcha una oficina Antiokupación. Una idea que aparecía en los Presupuestos para 2022 y que ya tiene fecha de inicio. Esta entidad que la Comunidad de Madrid quiere crear, empezará a dar sus servicios en marzo con un teléfono gratuito para dar una primera respuesta a los madrileños que se vean afectados por una okupación.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha detallado que ya se están formando a un grupo de policías locales, en concreto 16, para llevar a cabo este cometido durante las 24 horas los 365 días del año. Para poder contactar con el número de antiokupación hay que llamar al número de emergencias, 112.
Las llamadas que se recibirán pondrán en funcionamiento a la Policía Municipal, Guardia Civil, Ayuntamientos, Fiscalía y Delegación de Gobierno. Además de estas consultas, coordinarán actuaciones entre víctimas, administraciones y Fuerzas de Seguridad.
Operación contra la Okupación en Carabanchel

Operación contra la Okupación en CarabanchelEuropa Press

El coste de esta medida es de 700.000 euros al año que se destinarán al pago de nóminas de los trabajadores que hay ahora y que se irán incorporando, ya que la oficina se ubicará dentro de la Agenda de Seguridad y Emergencias.
Según datos ofrecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, entre enero y septiembre de 2021 hubo un total de 1.282 okupaciones en la Comunidad, unas cifras muy lejanas a las que se registró en Cataluña con 5.689. Por ello, López ha lamentado los actos que sufren los madrileños tanto en viviendas públicas como en privadas.
Manifestantes pidiendo una Ley Antiokupas

Manifestantes pidiendo una Ley AntiokupasPlataforma de Afectados por la Ocupación

En la Comunidad hay actualmente entre 4.000 y 4.500 inmuebles okupados: aproximadamente 2.000 son pisos públicos de la Agencia de Vivienda Social y el resto corresponden a particulares.
El consejero ha indicado que estas acciones afectan al derecho a la propiedad y que un factor influyente es que no haya tantas viviendas en el mercado, por lo que desde el Gobierno regional apuestan por favorecer el alquiler y no topar los precios.
«Hay que proteger mejor el derecho a la propiedad y dentro de nuestras limitadas competencias. También se ha creado esta oficina dentro del 112 donde se podrá llamar para tener asesoramiento en okupación», ha explicado.
López ha aprovechado para reclamar al Gobierno que se tome en serio la reforma de las leyes que amparan a los propietarios de las viviendas, y, además ha criticado que parte de su gobierno este a favor de este tipo de casos.
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