El presidente de CEIM, Miguel Garrido.
Ahorro energético La patronal madrileña muestra su apoyo a Ayuso en su rechazo a la ley de ahorro energético
CEIM reprocha a Sánchez la «falta de estrategia en sus políticas» y que «no se cuente con los afectados» para la elaboración de un plan
La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) se ha mostrado muy crítica este martes ante el plan de ahorro energético, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE, y ha avanzado que apoyará al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso si decide recurrir el decreto de sostenibilidad económica del Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, adelantó en las redes sociales que su equipo de Gobierno estudia llevar el real decreto ley de medidas de sostenibilidad económica ante el Constitucional.
CEIM reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez la «falta de estrategia en sus políticas» y que «no se cuente con los afectados» para la elaboración de un plan. Según la patronal madrileña, dicha estrategia, «perjudica gravemente la actividad y carece de medidas que favorezcan la producción y el empleo».
Una mesa de trabajo conjunta
Al igual que declaró ayer Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, CEIM considera que con el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, que prevé medidas urgentes para reducir el consumo de energía en edificios públicos y establecimientos comerciales, se incrementará la inseguridad ciudadana. «En lugar de ahogar en la oscuridad los escaparates de las tiendas, con la ausencia de estímulo a la compra de productos, la inseguridad ciudadana que ello conllevará, y el ataque frontal a la libertad de empresa que supone, sería más razonable que el Gobierno diseñara otras medidas tendentes a favorecer la eficiencia energética, el aumento de la generación y la reducción de la dependencia exterior», señala la nota.
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Para la patronal madrileña, más que lanzar medidas «aleatorias» que «perjudican gravemente» la actividad y el empleo, el Ejecutivo de Sánchez «debería plantear un plan estratégico» y crear una mesa de trabajo conjunta con las Administraciones y afectados para elaborar un «verdadero» plan.
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