El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su criticado video para escenificar conversaciones sobre Ucrania
El Gobierno de Ayuso podrá inspeccionar la Moncloa y los ministerios para comprobar que cumplen la normativa energética
El equipo de la presidenta ha asegurado que cumplirán la ley aunque estén estudiando si es o no inconstitucional
El Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá potestad para inspeccionar la Moncloa y los ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez para asegurarse de que cumplen con la normativa de temperatura exigida para el resto de los españoles.
Medio en broma, el consejero de Presidencia, Enrique Ossorio, recordaba en una entrevista concedida a la Cadena Cope que sus inspectores podrían realizar una visita a las dependencias ministeriales para ver si el aire acondicionado no superaba los 27 grados.
Pero además del chascarrillo, lo cierto es que la aprobación del Ejecutivo de Sánchez prevé que sean las comunidades autónomas las que se encarguen de asegurarse de que los centros públicos y privados cumplan con las restricciones energéticas impuestas por el Gobierno. Por lo tanto, y al estar los edificios situados en Madrid, el equipo de Ayuso tendría la posibilidad de acudir a asegurar el cumplimiento de la nueva norma.
Por el momento, el gobierno regional está estudiando la constitucionalidad del apagón de Sánchez y está dispuesto a denunciaron ante el TC de darse lo contrario. Madrid tiene competencias sobre los comercios de la Comunidad y es esta precisión la que Ossorio y sus asesores están revisando para comprobar si la decisión del Gobierno central puede prevalecer.
Cumplirán la ley
En cualquier caso, Ossorio ha asegurado que en la Comunidad de Madrid tienen la «mala costumbre» de cumplir las leyes. Algo que, a su juicio, no sucede en Cataluña, por lo que si Madrid tiene que cumplir el real decreto ley «en esos extremos» lo hará.
El vicepresidente también ha reconocido que, aunque la Comunidad de Madrid recurra el real decreto, es difícil que pare su entrada en vigor. Sin embargo, ha insistido en que la clave está en los títulos que ha alegado el Estado para imponer normativa básica, «si son aceptables o no».
A la decisión de la Comunidad de Madrid se han sumado Murcia y el País Vasco que ha asegurado que no usará a la Ertzaintza para estas labores de vigilancia.
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