Isabel Díaz Ayuso junto al vicepresidente, Enrique Ossorio, y el Consejero de Presidencia, Enrique López
Comunidad de Madrid
Luz verde en Madrid a las leyes de Protección Civil y Protección de la Infancia con los votos de PP y Vox
Las dos normas impulsadas por el Gobierno regional han contado con el apoyo de la formación de Rocío Monasterio y el rechazo de la izquierda
Dos han sido las leyes que este jueves el Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos a favor del Partido Popular y de Vox, cuya posición final se mantuvo hasta ayer en el aire y cuyo apoyo, o al menos abstención, era necesario para que salieran adelante. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ya había señalado que las leyes que ya habían pactado con los populares tendrían su apoyo y, por su parte, el Gobierno regional también trasladó que esperaban poder aprobarlas, al ser, en palabras de su portavoz, el vicepresidente autonómico Enrique Ossorio, dos leyes «buenas para los madrileños».
Se trata de la Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, que actualiza la norma de 1995; y la Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, que actualiza la capacidad de respuesta del Gobierno autonómico ante posibles catástrofes o incidentes que supongan un peligro para las vidas, los bienes o el medio ambiente.
Ley de Protección de la Infancia
Con el objetivo de reforzar los derechos y la protección de los menores en la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso impulsó esta norma que pasó su primera fase parlamentaria en julio, cuando se aprobó el proyecto de ley, ahora ha sido aprobada definitivamente en la Cámara regional, y entrará en vigor este mes de abril cuando se publique próximamente en el BOCM.
La ley hará una apuesta por el cumplimiento efectivo del derecho del niño a crecer en una familia, especialmente en el caso de los menores de seis años. El texto recoge hasta 17 artículos centrados en la protección al menor, tanto frente a cualquier forma de violencia implementando medidas en el ámbito familiar, educativo y sanitario, y ante actividades o productos como contenidos audiovisuales que pudieran ser perjudiciales para los niños y adolescentes.
Así, entre las novedades que incluye, se encuentra la intención de actuar contra los casos de bullying en el entorno escolar, llegando a contemplar una sanción económica para los profesores que, siendo conocedores de estos casos, no lo denuncien. Respecto a la educación, el texto promueve la escolarización universal y gratuita a niños de 0 a 3 años. Asimismo, continuando con el ámbito educativo, fomenta el uso responsable y seguro del entorno digital, promoviendo acciones de información, difusión y concienciación para padres o tutores.
Además, tal como ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, el compromiso de proteger al menor «se extiende no solo desde su nacimiento, sino también a la mujer embarazada, articulando mecanismos de ayuda ya desde la fase prenatal, con el objetivo de velar por la vida y la salud del nasciturus», el concebido no nacido.
Ley de Protección Civil
El otro texto aprobado en el Pleno de este jueves ha sido la Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, que también entrará en vigor en abril una vez sea publicado en el BOCM. Esta norma recoge los aprendizajes que se han ido acumulando tras acontecimientos recientes como la pandemia, la tormenta Filomena o incendios e inundaciones, y con ella se actualiza la capacidad de respuesta del Gobierno autonómico ante catástrofes y emergencias.
Con esta ley de Protección Civil, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 pasa a ser un ente público de derecho, con lo que se dotará de mayor agilidad a los servicios públicos de la región a la hora de gestionar emergencias. Además, la norma contempla la elaboración de un plan de actuación ante ciberataques que puedan comprometer la seguridad de las infraestructuras críticas de la comunidad autónoma. Asimismo, entre otros puntos, plantea la recuperación o la vuelta a la normalidad tras un episodio de emergencia para los casos en los que no exista una declaración expresa por parte del Estado de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
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