La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.
Asamblea de Madrid
La Asamblea inicia el trámite para sancionar a Monasterio por el presunto voto irregular
La Asamblea de Madrid ha acordado comenzar el trámite para sancionar a la portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Rocío Monasterio, por una presunta irregularidad al votar en el Pleno celebrado el pasado 1 de febrero.
La Mesa se ha reunido este viernes y ha decidido que, bajo la instrucción de la diputada del PP Mercedes Zarzalejo, se va a iniciar un procedimiento abreviado en el que la diputada cuenta con 5 días hábiles para presentar alegaciones.
Vox ha acusado al Partido Popular de haber iniciado una «cacería política» contra Monasterio por «intentar apagar un escaño que jamás debió funcionar».
Los hechos se remontan al Pleno celebrado el pasado 1 de febrero, cuando la portavoz del partido liderado por Santiago Abascal pulsó, según explicó en rueda de prensa, varios botones del escaño vacío correspondiente a José Luis Ruiz Bartolomé, que había presentado su dimisión pocos días antes para tratar de apagar el escaño, que se había encendido de manera errónea.
El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, alertó en el transcurso del propio Pleno de que se había encendido ese escaño antes de producirse la votación.
«Antes de empezar a votar les aclaro que un diputado, por error, ha apretado el botón de presente en dos escaños distintos y, por tanto, en el panel aparecerá un diputado presente más de los que estamos realmente. Se lo aclaro, restaremos uno», afirmó.
La portavoz de VOX en la Asamblea, Rocío Monasterio.
Pocos días después, la Asamblea emitió un comunicado informando del inicio de una investigación sobre lo sucedido, a la que la propia Monasterio restó importancia porque, de acuerdo con su versión, fue un voto accidental que ni siquiera afectaba al resultado de la votación, la enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid a la Ley de Economía Circular.
Quejas de Vox
Vox ha emitido un comunicado en el que critica que el PP, apoyado con los votos de Más Madrid y PSOE, haya incoado este expediente sancionador, que ha calificado como una «cacería política».
«Esta decisión ha sido tomada sin permitir a Vox leer el informe de los letrados que presuntamente avala dicho procedimiento. Por eso, durante la reunión que ha ten ido la Mesa de la Cámara madrileña, el representante de la formación que lidera Rocío Monasterio ha votado en contra tanto del procedimiento como de iniciar esta apertura de expediente porque no se cumplen los principios del procedimiento sancionador», han explicado desde el grupo parlamentario de Vox.
El partido considera que esta decisión no es más que una «represalia por los asuntos sensibles para la presidenta Ayuso como la inmigración ilegal, el gasto político y la falta de transparencia» que Rocío Monasterio lleva cada semana a los Plenos de la Cámara Vallecas.
«Sabíamos a lo que nos exponíamos abriendo debates que otros creían ya cerrados, pero no hemos venido a agradarles a ellos, sino a representar a los madrileños», sostienen desde Vox.
El procedimiento
Tal y como ha explicado la Asamblea, esta decisión se ha adoptado teniendo presente que el artículo 33.3 del Reglamento de la cámara que establece que son infracciones «atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento».
Además, otro artículo dispone que, en este supuesto, podrá imponerse como sanción «la suspensión de alguno de los derechos de los diputados reconocidos en los artículos 15 a 21 de este Reglamento por un tiempo de 15 a 30 días».
Zarzalejo, que es doctora en Derecho y portavoz adjunta de la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenará la práctica de diligencias para determinar y comprobar los hechos y pruebas que puedan «conducir a esclarecerlos, así como determinar las posibles responsabilidades susceptibles de sanción». Durante el procedimiento la instructora estará asistida por a por un letrado de la Cámara.
En el caso de que Monasterio presente alegaciones en los cinco días hábiles que tiene para hacerlo, habrá un periodo de prueba con un plazo de ocho días. Finalizado éste, el instructor formulará la propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, efectuará la calificación jurídica para determinar la infracción que se considere cometida y señalará las posibles responsabilidades de la diputada, así como la propuesta de la sanción. La propuesta será debatida y votada en la Mesa que resolverá definitivamente.
La portavoz de Vox podrá solicitar a la Mesa de la Asamblea la reconsideración del acuerdo de sanción en el plazo de los quince días siguientes a su notificación. En ese caso, la ejecución de la sanción quedará en suspenso hasta que la Mesa de la Asamblea resuelva sobre la reconsideración.
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