Isabel Díaz Ayuso
Giro en el acoso del PSOE a la presidenta de Madrid
La Agencia Tributaria pide a la Tesorería del Estado que devuelva medio millón de euros al novio de Ayuso
La Fiscalía podría anular el juicio si se aviene al acuerdo que propone González, por el cual debería pagar 340.000 euros, sostiene fuentes de Sol
La Agencia Tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo trasladan fuentes de la Puerta del Sol que avanzan que la Fiscalía podría anular el juicio si se aviene al acuerdo que propone González, por el cual debería pagar 340.000 euros.
Con esas cifras en la mano, el resultado de la «cacería política» contra este particular sería de un saldo positivo de más de 200.000 euros. En este punto, desde la Comunidad de Madrid están convencidos de que si la Fiscalía niega el acuerdo «será por causas políticas, no técnicas», después de que esta semana el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, asumiera la responsabilidad de la filtración de datos personales de la pareja de Díaz Ayuso en un comunicado.
Además, esas mismas fuentes señalan que «la misma sociedad que la AEAT consideró que era «pantalla/interpuesta» ahora se reconoce que no lo era». «Ya es cada vez más evidente, con pruebas, de que hemos asistido a una cacería política y que la presidenta nunca mintió», esgrimen desde el entorno de Díaz Ayuso.
El portavoz del Gobierno autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha opinado que esta información pone de manifiesto que «Ayuso siempre ha dicho la verdad» y confirma que «Sánchez ha estado usando todos los medios del Estado para atacar a un particular».
La presidenta madrileña lamentaba este martes que «este es un país de impunidad» cuando el Fiscal General del Estado había reconocido ser el responsable de esa filtración de datos personales de su pareja y aquí «no pasa nada». Díaz Ayuso recordó las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando asumió que la Fiscalía General del Estado dependía del Gobierno de España. «Pues eso», zanjó.
La Fiscalía de Madrid, que preside un ex alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, denunció el pasado mes de marzo a Alberto González Amador por dos supuestos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil. La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar el 20 y 21 de mayo a la pareja de Ayuso y a otras cuatro personas. La jueza estima que los hechos denunciados por la Fiscalía «hacen presumir la posible existencia de indicios» de dos delitos de defraudación tributaria por el impuesto de sociedades de los años 2020 (155.000 euros) y 2021 (195.951 euros).
Mientras tanto, González Amador se ha querellado contra contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por presunta revelación de secretos. Una denuncia que trata de neutralizar la Fiscalía General del Estado, razón por la que Ortiz ha asumido la responsabilidad de la filtración de datos.
«La comunicación» emitida «no contenía» información «confidencial» que pudiera haber «perjudicado el derecho de defensa» del investigado por un presunto delito contra la Agencia Tributaria, aseguraba el fiscal general durante la declaración institucional en la que asumía la «responsabilidad» íntegra de la misma. Una declaración que responde a la estrategia para neutralizar la denuncia del novio de Ayuso.
Las «discrepancias irreconducibles» manifestadas por los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con las «inadmisibles presiones» recibidas desde la cúpula de la institución, que apostaba por archivar el asunto sin necesidad de investigarlo, son clave para entender la nueva maniobra de García Ortiz. Y es que cabe recordar que, como publicó El Debate en exclusiva, la jefa de la Fiscalía Superior, Almudena Lastra, ya se negó en un primer momento a asumir como propio el contenido del comunicado confeccionado en la Fiscalía General, causante de todas las acciones judiciales, y a divulgar el mismo desde su oficina de prensa.
Desde entonces y hasta ahora, la número dos de la institución, Ángeles Sánchez Conde, ha tratado de finiquitar cuanto antes el escándalo de la filtración de los datos confidenciales de un particular –obtenidos de las conversaciones mantenidas por su abogado con el fiscal responsable de su caso, Julián Salto, en busca de un posible pacto de conformidad–.
No en vano, y según informan fuentes fiscales a El Debate, se produjeron hasta tres reuniones, a «diferentes niveles» para tratar de «reconducir» una situación «que se ha vuelto muy incómoda» para los máximos responsables del Ministerio Público. Pero, por su parte, la fiscal designada por la Fiscalía Superior, María de la O Silva, se ha mostrado «en todo momento reacia» a dar carpetazo al asunto sin hacer unas «mínimas averiguaciones».
De ahí que, finalmente, el fiscal general haya decidido absorber toda la «responsabilidad» y, con ello, retirar el caso a O Silva de manera indirecta, sin tener que emitir una orden explícita –que ya fue desatentida– dado que al ser aforado, la causa tendrá que elevarse, previsiblemente, al Supremo para que se encargue de la misma. Una vez en el Alto Tribunal, la Fiscalía deberá designar a una nueva ponente ante la Sala Segunda de lo Penal. Un encargo que, entonces, podría recaer en la propia teniente fiscal Sánchez Conde, como ya sucedió en la interpuesta por prevaricación por el PP que resultó archivada.
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