El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
Primicia
Seis vocales del Consejo Fiscal se rebelan contra García Ortiz y presentan un informe que rechaza la amnistía
la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal, el máximo órgano del Ministerio Público –que pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF)– ha confeccionado un informe contra la Ley de Amnistía, como reacción a la tercera negativa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de redactar un dictamen sobre la polémica norma, como le solicitó el Senado. Seis de los miembros del CF han instado así la inclusión de su texto, para ser debatido, en el próximo Pleno ordinario fijado el próximo día 25 de abril.
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De esta manera, en el contenido de la propuesta técnica de la AF, a la que ha tenido acceso El Debate en primicia, se señala que, tras la solicitud de la Cámara Alta para que el Ministerio Público emitiera un informe acerca de la constitucionalidad de amnistía, –y ante la reiterada negativa de García Ortiz a atender el requerimiento institucional– los vocales firmantes «remitimos al Fiscal General del Estado un escrito» en el que «mostramos nuestra más profunda estupefacción y rechazo por el hecho de que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no hubiera sido atendida, sino que se hubiera sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas».
«Interesamos entonces que, de forma inmediata, se diera curso a la petición y se procediera a la designación de ponente y a la elaboración y aprobación de informe por el Pleno del Consejo Fiscal. Nuestra petición nunca ha llegado a ser respondida», denuncian a renglón seguido.
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Así las cosas, la AF remarca que, tras hurtar a los vocales el contenido de varias de las misivas dirigidas al Consejo por el presidente de la Cámara Alta, el popular Pedro Rollán, «la semana pasada tuvimos conocimiento por los medios de comunicación de que el 27 de marzo de 2024 la Mesa del Senado aprobó y dirigió al Fiscal General del Estado una nueva petición para que el Consejo Fiscal elaborase y remitiese al Senado un informe sobre la proposición de Ley Orgánica», momento en el que los vocales volvieron a solicitar a García Ortiz que realizara el dosier, aunque el máximo representante del Ministerio Público rehusó dicha posibilidad, por tercera vez.
Por todo ello, los vocales firmantes sostienen que «nos resulta inconcebible que el Fiscal General del Estado estime que las peticiones formuladas por los Vocales no merezcan respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado».
Los seis consejeros de la Asociación de Fiscales consideran que la actitud del titular del Ministerio Publico bloquea competencias propias del Consejo Fiscal cuya «intervención (...) emitiendo informes sobre anteproyectos de ley no es impedimento para la emisión de informe sobre una proposición de ley a solicitud de una de las cámaras legislativas que integran la Cortes Generales, con las que existe el deber de colaboración».
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En consecuencia, estos miembros de la Asociación de Fiscales han presentado al Consejo Fiscal un borrador de informe sobre la proposición de ley de amnistía. En el documento –adelantado por El Debate– se concluye que «una amnistía supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho» y que conlleva «el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y de interdicción».
En el mismo sentido, el borrador argumenta que la ley que regula la medida de gracia para beneficiar los políticos que realizaron el procés «es contraria al Derecho de la Unión Europea» por «la no exigencia de sanción efectiva del delito de malversación». Además, el escrito también pone de manifiesto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional «no puede ser utilizada como precedente para afirmar que la constitucionalidad de la amnistía».
No en vano, el borrado penal de los delitos del procés a través de «la amnistía implica una intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial. Contraviene, pues, de modo frontal, el artículo 117.3 de la Constitución Española y, por ende, el principio de división de poderes, piedra angular de toda la arquitectura constitucional del Estado de Derecho», subrayan los fiscales en su análisis.
«En realidad, como ya se adelantó, en un Estado social y democrático de Derecho, con una real y efectiva separación de poderes y un verdadero control de la actuación de los poderes públicos, con sometimiento pleno a los principios y valores constitucionales, no puede hablarse, en propiedad, de conductas amnistiables», zanjan los seis vocales de la AF en el texto con el que se rebelan ante la pasividad, consciente, de García Ortiz.
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