El Gobierno de Ayuso rechaza una «mesa tripartita» con el delegado del Gobierno y le pone deberes

El portavoz del Gobierno madrileño y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha mandado una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, rechazando su ofrecimiento de crear una «mesa tripartita» con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para abordar las «urgencias sociales» de la región.

El representante del Ejecutivo capitaneado por Isabel Díaz Ayuso señala al delegado en la misiva, a la que ha tenido acceso El Debate, que no considera necesario la creación de «instrumentos o mecanismos adicionales» a los que ya existen para trabajar por los intereses de los madrileños.

García Martín recuerda en la carta que el Gobierno de Madrid «siempre se ha regido por el principio de lealtad en sus relaciones con otras Administraciones Públicas» y reconoce que en la Puerta del Sol les alegra saber que el delegado «comparte la necesidad de una leal colaboración».

Sin embargo, muestra su «sorpresa» porque «este Gobierno y, de forma particular su presidenta, viene siendo objeto de continuos ataques y descalificaciones» tanto por parte del delegado como de otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este punto, el consejero traslada a Martín su deseo de que sean atendidas las reivindicaciones que desde hace un año vienen realizando al Gobierno central. Entre ellos, el desarrollo del Plan Integral de Inversiones en Cercanías, la mejora de la seguridad en la región con la dotación de un mayor número de efectivos, el aseguramiento de la autonomía en la gestión del agua por parte del Canal de Isabel II, la mejora en las inversiones en materia de energía y la mejora de la gestión de la política migratoria.

Mesa «tripartita»

El pasado 20 de mayo, Francisco Martín, que no pierde oportunidad para criticar tanto Isabel Díaz Ayuso como a José Luis Martínez-Almeida, avanzó que iba a mandar una carta a ambos para constituir una «mesa tripartita» con el objetivo de «romper el bloqueo» y establecer «una colaboración real» en materia de «urgencias sociales» como la vivienda protegida y los problemas de las personas drogodependientes.

«Son materias de distinta naturaleza que, desde la perspectiva social, necesitan de acciones del Ayuntamiento y de la Comunidad para complementar la actuación policial», afirmó.