La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo
La alcaldesa comunista de Rivas tuvo que pedir 2 prestamos para construir 83 viviendas por negarse a renegociar un contrato
El Grupo Municipal Popular cuestiona que el gerente haya adjudicado un cuantioso contrato negociado sin publicidad al mencionado despacho con domicilio social en Toledo
El Gobierno comunista de Rivas Vaciamadrid vuelve a estar en el foco de la opinión pública. En esta ocasión porque la empresa Tableros y Puentes, S.A. (TAPUSA) solicitó al ayuntamiento renegociar el contrato de construcción de las 83 viviendas con protección pública en arrendamiento (VPPA) debido al incremento de los precios de los materiales por la guerra de Ucrania. La entidad explicó que el incremento de los costes les afectaba a la hora de obtener beneficio ya que estaban construyendo en pérdidas.
Ante este escenario, la alcaldesa comunista, Aída Castillejo, se negó a renegociar el contrato, decidiendo rescindir el mismo. El gerente encargó la asistencia jurídica para la rescisión del contrato con TAPUSA a un abogado de Toledo, administrador solidario del despacho De Lucas y Benítez SLP, al que le adjudicó un contrato negociado sin publicidad.
Además, a la licitación no se invitó a participar a ninguna otra empresa, de asistencia jurídica para demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios frente a TAPUSA.
Dicho contrato fue adjudicado por importe de 72.600 euros a De Lucas y Benítez, SLP. para la redacción de la demanda (24.200 euros), asistencia letrada en la celebración de la audiencia previa (24.200 euros) y asistencia letrada en la celebración del juicio (24.200 euros).
Desde el PP de Rivas cuestionan «que el gerente haya adjudicado un cuantioso contrato negociado sin publicidad al mencionado despacho con domicilio social en Toledo».
«Una empresa que, casualmente, ha contratado con la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo, de la que fuera gerente durante más de 16 años el actual responsable de la EMV de Rivas Vaciamadrid», añaden los populares de Rivas.
En este sentido, critican también el «contrato menor para la asesoría jurídica relativa a la resolución del contrato con TAPUSA por importe de 2.420 euros adjudicado a Alberto de Lucas Rodríguez, uno de los socios solidarios de De Lucas y Benítez SLP.».
«Después de todo el gasto en abogados para rescindir el contrato con TAPUSA porque el gerente y la alcaldesa no lo quisieron renegociar, ahora resulta que han tenido que ampliar el préstamo para la construcción de las 83 viviendas», comentan desde el PP.
«Una ampliación de crédito que no les ha querido dar Unicaja, con quien tenían el primer préstamo de 7.900.000 euros a un interés de 1,43 %. Ahora han tenido que recurrir a Cajamar, que a un interés de un 3,75 %, muy superior al inicial, les ha concedido 1.978.352,01 euros», explican.
Desde el PP añaden que «quizás TAPUSA tenía razón. El Ayuntamiento y la EMV han perdido tiempo y dinero, una decisión nefasta del gerente y la alcaldesa comunista, que acabarán pagando los vecinos de Rivas Vaciamadrid».
«El Ayuntamiento de Rivas a día de hoy debe facturas a TAPUSA y ha ejecutado el aval por importe de 350.000 euros, que en la precaria situación en la que se encuentra la EMV, les viene muy bien», concluyen.
