La okupación en Madrid, ¿un problema a la baja o una lacra incesante?

Esta semana, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se felicitaba por la bajada de las okupaciones en la región. De acuerdo con sus datos, las viviendas okupadas han pasado de 2.500 en 2023 a 1.300 en 2024 y criticaba la «exageración» de algunos para «sacar réditos políticos y/o económicos» de estas situaciones.

Sin embargo, tanto plataformas de afectados por la okupación como el Gobierno municipal comandado por José Luis Martínez-Almeida y el regional de Isabel Díaz Ayuso han salido a cuestionar que el delegado «infravalore» esta problemática.

Para empezar, desde la Plataforma de Afectados por la Okupación recuerdan que esta práctica «no es sólo una estadística» sino que, detrás de cada denuncia, hay «personas afectadas, propietarios que pierden sus casas, comunidades que sufren la presencia de mafias y barrios enteros deteriorados». Además, en un comunicado apuntan a que muchos afectados renuncian a emprender la vía judicial por su lentitud y los escasos resultados que ofrece.

En este sentido, cabe destacar que, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, de media, los propietarios tienen que esperar dos años para obtener una sentencia de desahucio. Eso, claro, si los okupas no alegan vulnerabilidad, en cuyo caso el proceso puede dilatarse hasta seis años.

En este contexto, la plataforma cree que el descenso en las denuncias se debe a que los propietarios buscan soluciones fuera de los tribunales, como, por ejemplo, empresas de desokupación, para atajar el problema.

Asimismo, desde esta asociación de afectados ponen en entredicho las cifras arrojadas por la Delegación del Gobierno. «Si la Justicia tarda dos años en dictar una sentencia a un okupa, ¿cómo Delegación de Gobierno presenta datos de un único año? Sus datos solo cuentan las denuncias recientes, cuando en realidad hay miles de okupaciones aún pendientes de resolución», esgrimen.

«Estas cifras solo muestran un planteamiento sesgado intencionadamente para evitar hacer un análisis real del problema de la okupación, obviando el sufrimiento de miles de madrileños. Los datos oficiales no recogen el verdadero alcance del problema ni la cantidad de personas afectadas que siguen sin soluciones», apostillan, antes de poner el foco en que ahora, la nueva modalidad de okupación que está en boga es la inquiokupación, es decir, aquellos okupas que entran con un contrato de alquiler, pero que, después, dejan de pagar la renta y continúan en la vivienda.

En línea con la opinión de esta plataforma de afectados, se sitúan tanto Almeida como Ayuso. El alcalde de la capital criticaba este martes a Francisco Martín por «infravalorar la okupación» cuando se trata de algo de una «importancia extraordinaria porque atenta contra un derecho básico, de la propiedad».

«Es un problema gravísimo al que no se le debe poner paños calientes ni rebajar con declaraciones», apostillaba, antes de retarle a que acudan juntos a visitar a afectados por la okupación y decirles a la cara que «no es para tanto, que no es un fenómeno tan grave».

Por su parte, Díaz Ayuso criticaba también al «inacción ideológica» del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la okupación y el dejar a los propietarios «desamparados» como el caso de Teresa, una anciana de Fuenlabrada víctima de la inquiokupación a la que recibió el pasado miércoles en la Real Casa de Correos. «Les causaron tales trastornos que el marido ha fallecido y ella se ha quedado sola, vulnerable», lamentó la presidenta.

Con todo, para Vox, las políticas implementadas por el PP tampoco ayudan a combatir la okupación. El portavoz nacional de la formación en materia de vivienda, Carlos H.Quero, recuerda que los populares «votan a favor de la inquiokupación y de cargarse la seguridad jurídica en el mercado de alquileres», no dan las viviendas públicas que prometen, se niegan a aumentar la alturas y votan «sistemáticamente» contra la bajada de impuestos a la compra de vivienda.

A pesar de todas las críticas, el delegado del Gobierno insistía este martes en que políticos y medios «exageran» la cuestión de la okupación y les pedía «responsabilidad». Aunque reconocía que cada okupación es un «auténtico drama» con el que hay que «solidarizarse», puntualizaba que «hay que decir las cosas como son y no generar alarma social ni andar engañando a la gente, especialmente a la más vulnerable, para que ande atemorizada por lo que no tiene que estar atemorizada».