La Justicia archiva una nueva denuncia por las muertes en residencias de Madrid durante la pandemia

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha dictado auto de sobreseimiento de una denuncia presentada por la plataforma Marea de Residencias por el supuesto homicidio de residentes por covid en la Residencia de Mayores Adolfo Suárez y Amavir, ambas ubicadas en la región capitalina.

De acuerdo con el auto, al que ha tenido acceso El Debate, el médico forense concluye que «en relación con los fallecimientos investigados, no se incurrió en ningún tipo de negligencia». Además, sostiene que «se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos y que no deben olvidarse».

«Los hospitales estaban saturados, desbordados más bien, no se sabía cómo curar la enfermedad, no se disponían de medios. Recuérdese que al inicio no había mascarillas, no había equipos de oxígeno de alto flujo, las bajas por contagio del personal sanitario y asistencial, también en las residencias que nos ocupa, eran elevadas», ahonda el auto.

«Mucho se ha insistido por la parte querellante en los protocolos. En primer lugar la investigación, como hemos señalado, no puede abarcar a los responsables políticos de dichos protocolos. Por otra parte los protocolos fueron normas de actuación, cambiantes, confusos a veces hemos de reconocerlo, motivados por la imperiosa necesidad de hacer algo, de organizar la tragedia que se cernía sobre la sociedad y de optimizar los recursos asistenciales como ya han declarado varias resoluciones judiciales sobre hechos similares», agrega el juez.

A continuación, señala que «se cumplieron los protocolos vigentes en ese momento, que sin perjuicio de ser discutibles, aconsejaban no ingresar a personas afectadas con covid y con patologías complejas y edad avanzada en los hospitales, pues dichos hospitales estaban saturados y la atención en los mismos era deficiente. Tal decisión de la autoridad sanitaria pudiera ser discutible y reprobable, y se basaba en que a este tipo de pacientes con patología compleja, dependencia, edad avanzada, etc el tratamiento más eficaz sería en la propia residencia a pesar que muchas carecían d e medios e incluso de médicos, lo que no sucede en las dos residencias investigadas donde se contó con atención medica y asistencia , medicación e incluso oxigeno».

Por otro lado, indica que «los Protocolos no descartaban de manera absoluta el ingreso en los hospitales de los residentes, dependiendo del criterio de los geriatras de guardia o de referencia». De hecho, en el caso de la madre de uno de los querellantes, «fueron los familiares los que al principio se negaron» a esa derivación, mientras que en el caso del padre de otra querellante, se llegó a acordar el traslado hospitalario pero ya en la fase final.

«Si descartamos la comisión del delito de homicidio o lesiones por imprudencia, al haberse deparado a los residentes el tratamiento adecuado dadas las circunstancias, es inviable considerar cometido un delito de omisión del deber de socorro del artículo 195 del C .Penal o de trato degradante del artículo 175 del C. Penal (EDL 1995/16398) o de prevaricación del artículo 404 del mismo texto legal», apostilla el juez.

Con esta ya son más de 60 la causas archivadas en procedimientos judiciales por el covid contra la gestión de la Comunidad de Madrid, según los datos que maneja la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la región, que ha tenido conocimiento directo de 28 archivos y, con el informe de la Fiscalía a cierre de 2023, concluye que el número asciende a 61.