Madrid pregunta a Bolaños cómo va a financiar la implantación de la ley de Justicia, que cifra en 40 millones

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mandado una carta al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para preguntarle por los mecanismos de financiación que tiene previstos para cubrir los «enormes costes» que se van a derivar de la aplicación de la Ley Orgánica 1 /2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno autonómico, la adaptación de las infraestructuras judiciales, así como el incremento de los gastos de personal y tecnológicos que se derivarán de la entrada en vigor de los tribunales de instancia supondrá, sólo el primer año, un coste adicional de 40 millones de euros para la Comunidad de Madrid.

La misiva, que firma el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, recuerda que esa nueva legislación ha atribuido a las comunidades autónomas con competencias en Administración de Justicia la responsabilidad exclusiva de configurar e implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectos territorios.

«Pese a la enorme carga que dicha ley atribuye a las comunidades autonómicas con competencias transferidas, no se ha tenido en cuenta, de ninguna forma, a quienes tenemos la responsabilidad última de implantar el contenido de esta», señala el también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la carta.

A esos 40 millones de coste adicional calculados por el Ejecutivo autonómico, «debe sumarse el incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, como consecuencia de los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos».

Por ello, García Martín opina que «todas estas novedades legislativas de tanto calado en la configuración de nuestro sistema judicial deben ir acompañadas de las correspondiente financiación por parte de la Administración que las impulsa», tal y como, sostiene, el Gobierno madrileño ha solicitado «en numerosas ocasiones y también en la Conferencia Sectorial» porque, a su juicio, «el Gobierno central debe participar en los costes que esta ley orgánica nos impone».

«Con el convencimiento de que sólo a través de la recíproca lealtad institucional, de la sincera colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y del riguroso respeto a la independencia de jueces y magistrados podremos asegurar a los ciudadanos el acceso a la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho, te envío un cordial saludo», concluye la carta.