El Gobierno identifica más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid y pide al Ayuntamiento eliminar sus anuncios

El ministerio de Derechos Sociales ,Consumo y Agenda 2030 ha elaborado un informe en el que concluye que en Madrid hay 15.204 pisos turísticos ilegales, un dato que considera «muy preocupante».

En concreto, el departamento que lidera Pablo Bustinduy ha detectado que en la capital hay 16.335 alojamientos turísticos que se anuncian en plataformas online, un dato que contrasta con las 1.131 licencias que el Ayuntamiento de Madrid declaró haber concedido para este tipo de viviendas a finales de 2024.

Por ello, el ministerio ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que proceda a la eliminación de los anuncios de todas aquellas viviendas turísticas sin licencia en base a sus competencias.

Además, Consumo ha detallado las direcciones exactas e información que permite identificar a los propietarios de una parte de los alojamientos que serían ilegales para que el ayuntamiento madrileño pueda poner en marcha acciones para el cese de su actividad y procedimientos sancionadores.

Por ejemplo, entre los datos aportados se indican que hay al menos 14 anuncios de pisos turísticos sin licencia en la calle Mayor y 11 anuncios en la calle Preciados, siendo esta una información que se replica a lo largo de todo el callejero de la ciudad, ha informado el ministerio en un nota.

Tras abrir un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas por incumplir la normativa en diciembre de 2024, el Ministerio subraya que en Madrid «es el Ayuntamiento quien puede actuar por tratarse de incumplimientos de la normativa municipal».

Para ello pide «una actuación decidida por parte del consistorio madrileño, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que ha conseguido retirar miles de anuncios» de viviendas turísticas ilegales y «devolver una gran cantidad al mercado del alquiler para residentes habituales».

Igualmente, el Consell de Ibiza ha puesto en marcha una iniciativa para identificar la oferta irregular de alojamientos turísticos, proceder a la retirada de los anuncios y agilizar las inspecciones y sanciones correspondientes.