El PSOE fracasa una y otra vez en su intento por cerrar el centro de menores inmigrantes de Fuenlabrada

Desde meses antes de su puesta en marcha a finales del pasado mes de septiembre de 2024, cuando llegaron los primeros menores tutelados por la Comunidad de Madrid, el centro de menores extranjeros no acompañados de La Cantueña, abierto por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Fuenlabrada, ha sido objeto de la furia y reprobación del Ejecutivo municipal, liderado por Javier Ayala (PSOE).

El socialista ha tratado de torpedear su apertura puesto que, esgrime, se trata de un espacio cedido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada hace más de 20 años a la Comunidad de Madrid con el objetivo de establecer en el mismo un centro de difusión ambiental.

Según el Consistorio, el acuerdo para la cesión preveía unos usos determinados y establecía una cláusula resolutoria en caso de no cumplirse la finalidad para la que fueron entregados los terrenos. Argumento con el cual la Junta de Gobierno aprobó a mediados del año pasado terminar con la cesión, revertiendo la titularidad de dicho centro al Ayuntamiento para impedir la apertura de ese centro, con el que está en profundo desacuerdo porque se ubica en un lugar «aislado y masificado» donde es «imposible» que se cumplan los principios de «igualdad, equidad, no discriminación, singularidad y solidaridad».

Tras ese movimiento, la Comunidad de Madrid inicio una batalla legal que no ha hecho más que traer sinsabores al Consistorio fuenlabreño.

Y es que hasta en nueve ocasiones la Justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en torno a este tema, la última de ellas esta misma semana cuando el juez de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid anuló el acuerdo del Ayuntamiento en el que revertía la cesión de la finca.

Pero este es tan sólo el último eslabón de una retahíla de fracasos judiciales por parte del Gobierno municipal que, sin embargo, ya ha anunciado que va a recurrir esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque, a su juicio, y tal y como recoge Europa Press, considera que el juez «se ciñe a una cuestión de plazos y a una «supuesta prescripción que se va a recurrir», pero reconoce que «el Ayuntamiento estaba legitimado para pedir la reversión».

Defiende el Ayuntamiento que el fallo del juzgado reconoce su competencia para acordar la reversión de los terrenos y que «en ningún caso incurrió en desviación de poder con el expediente» sino que fue una acción «lícita».

«La sentencia da la razón al Ayuntamiento en relación al fondo de la cuestión puesto que había un convenio suscrito que la Comunidad de Madrid ha incumplido y, por lo tanto, los terrenos deberían pasar a ser propiedad de la ciudad de Fuenlabrada. De esta manera, la sentencia solo se refiere a una cuestión de plazos para anular la tramitación de la reversión del suelo, lo que será recurrido por el Ayuntamiento», han recalcado desde el Ayuntamiento.

La sentencia

La sentencia anula la resolución de la cesión al entender el juez que no es conforme a Derecho. En la demanda, el Gobierno regional alegaba la falta de competencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada para revertir la citada finca registral e incorporarla a su patrimonio.

Además, entendía que existe «una desviación de poder» considerando que ante la decisión de la Comunidad de Madrid de implantar un centro de primera acogida de menores no acompañados, «el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha planteado una batería de actuaciones dirigidas a impedir la creación de ese centro de menores», informa Europa Press.

Reparto de menores

A la espera de que ahora se resuelva el recurso contra esta sentencia anunciado por el Gobierno de Ayala, el centro de menores continúa en funcionamiento, no exento de otro tipo de polémicas.

Recientemente, el centro fue escenario de un motín que se saldó con doce menores detenidos tras una pelea en la que siete trabajadores resultaron heridos.

Además, desde Vox también han pedido reiteradamente el cierre de ese centro, así como el resto de centro de menores inmigrantes de la región, y la repatriación de esos menores.

Una petición que se ha cumplido parcialmente, puesto que hace escasas semanas, el Gobierno madrileño solicitó a la delegación, competente en la materia, la «reagrupación familiar» de cuatro de estos menores por problemas de integración. Y el Gobierno autonómico no descarta pedir más repatriaciones si lo ven necesario porque los menores no se integran.

Mientras tanto, desde la Puerta del Sol han recurrido ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores extranjeros no acompañados propuesto por Pedro Sánchez aunque, mientras se resuelven, han avanzado que se ceñirán a la ley que les obliga a tutelar a estos jóvenes, aunque califiquen de «disparatada» la política migratoria del Ejecutivo central.

Madrid, según las cifras que trasladó a La Moncloa, ha atendido a más de 950 menores extranjeros no acompañados en lo que va de año y tiene la ocupación de sus recursos específicos al 132 % de la capacidad del sistema.