Un subordinado de Carnicero, el amigo enchufado por Sánchez en Transportes, comió con el socio de Cerdán antes de ganar el contrato de Belate

Iñaqui Carnicero, el amigo personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue colocado como alto cargo del Ministerio de Transportes, autorizó una comida que se celebró en Navarra justo antes de que se adjudicara la obra pública de 76 millones de euros que actualmente investiga el Tribunal Supremo. El Debate publica hoy en exclusiva los detalles del almuerzo institucional que tuvo lugar en dependencias públicas en Navarra y en el que se abordaron aspectos del contrato que la Guardia Civil vincula con el epicentro de la trama de corrupción.

La comida tuvo lugar el 20 de septiembre de 2023 en el Palacio de Baluarte, dependiente del Ejecutivo que preside la socialista María Chivite. Al encuentro acudió Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes y subordinado de Carnicero. En aquella comida, además del representante del Gobierno, participó también el propietario de Servinabar, la compañía en la que Cerdán aparece como socio, que fue una de las empresas adjudicataria de la obra. El acto se produjo en un clima informal pero en un espacio público y con participación de cargos institucionales, lo que ha despertado el interés de los investigadores por la posible existencia de contactos previos orientados a favorecer la adjudicación.

Además del representante de Transportes y del empresario navarro también asistieron al almuerzo responsables de Acciona, otra de las constructoras que acabaron formando parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que finalmente recibió el contrato. Tres meses después de aquel encuentro, el 26 de diciembre de 2023, el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra adjudicó la dirección de la polémica obra pública a un conglomerado formado por tres sociedades, entre las que se encontraban Servinabar y Acciona, ambas presentes en el almuerzo sobre el que ahora la UCO ha puesto el foco. El hecho de que los principales actores empresariales implicados en la adjudicación coincidieran en una reunión previa ha sido calificado por fuentes de la investigación como «tremendamente relevante» a la hora de analizar posibles tratos de favor. Los investigadores tratan ahora de determinar si aquel almuerzo fue algo más que un simple encuentro protocolario o si sirvió como antesala informal de una operación millonaria presuntamente amañada.

Carnicero, responsable jerárquico de Martín, que acudió a la cita representando a Transportes, fue nombrado en 2020 director general de Agenda Urbana y Arquitectura. Pocos meses después de que se conociera esta polémica designación, la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), dependiente del Ministerio de Hacienda, fichó como directiva a Lorena del Río, pareja de Carnicero. Él, de hecho, fue ascendido recientemente y compagina desde hace un mes su anterior responsabilidad con la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura.

Carnicero es amigo de la infancia de Sánchez. Ambos se conocen desde que tenían nueve años cuando coincidieron en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid. Su relación es tan cercana que Carnicero participó en un vídeo de la campaña de Sánchez para las primarias del PSOE en 2014. Un año después, el propio Sánchez lo mencionó públicamente en sus redes sociales ensalzándolo como símbolo de los jóvenes talentos que habían tenido que emigrar: «Representas a miles de jóvenes que han tenido que emigrar por falta de oportunidades en España. Si tengo el honor de presidir el Gobierno pondré en marcha un plan de retorno de talento». En aquel momento, Carnicero residía en Estados Unidos. «Tenemos que traerle a España, hay gente fantástica fuera de España que tiene que volver, Iñaqui es uno de ellos». Unos años después, lo incorporó a la estructura de Ejecutivo.

La obra de 76 millones

Los investigadores, que han puesto el ojo en la reunión que hoy desvela este periódico, sospechan que lo más comprometedor del expediente no es solo el nombre de los adjudicatarios ni los contactos previos sino lo que los técnicos del Gobierno de Navarra dejaron por escrito: que el contrato estaba plagado de irregularidades. El Debate ha publicado el contenido de seis informes clave que obran en poder de la Guardia Civil. En ellos, funcionarios de la mesa de contratación denuncian la existencia de criterios ocultos, puntuaciones sin justificar, valoraciones subjetivas, falta de motivación jurídica e incluso la vulneración del principio de igualdad entre licitadores.

El interventor del expediente emitió un voto particular demoledor. La adjudicación, dijo, carecía de sustento legal. Las puntuaciones asignadas a las empresas —calificadas con expresiones como «aceptable», «bueno» o «excelente»— no estaban basadas en criterios técnicos objetivos ni se explicaban con comparativas. Su conclusión es clara: se trató de una adjudicación arbitraria. A este voto se sumaron otros dos especialmente reveladores. En uno de ellos, firmado por el secretario y un vocal de la Junta de Contratación, se denuncia que se puntuaron aspectos que no figuraban en los pliegos, lo que en términos jurídicos equivale a cambiar las reglas del juego una vez abiertas las ofertas. Solo las empresas que supieran de antemano qué se iba a valorar realmente tenían opción de ganar.

Otro vocal fue más allá y tachó el informe de valoración de ser «un relato sin lógica argumentativa», afirmando que no existe una sola línea que justifique por qué una empresa recibe más puntos que otra. Según su análisis, el documento técnico «finge» ser objetivo, pero en realidad no cumple ni con los estándares mínimos exigibles. En un cuarto voto, se denuncia que incluso se premiaron propuestas que no cumplían con los requisitos básicos de documentación y que se introdujeron criterios que nunca fueron anunciados a los licitadores, como el uso de herramientas BIM o sistemas de guiado no obligatorios.