Los técnicos denunciaron que el contrato a la UTE con nexos con Cerdán que investiga la Guardia Civil estaba plagado de irregularidades

Los funcionarios del Gobierno de Navarra que estudiaron la oferta de la UTE que investiga la Guardia Civil por sus vínculos con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, dejaron constancia por escrito que, según su criterio, el procedimiento de adjudicación estaba viciado. El Debate ha desvelado este lunes que los investigadores indagan si una de las constructoras que se benefició del contrato, de 76 millones de euros, hizo algún pago al dirigente socialista. Este periódico publica hoy el contenido de seis informes clave, en poder de los agentes, que mencionan criterios ocultos, puntuaciones sin justificar, falta de motivación legal, desigualdad entre licitadores.

De todos ellos, el más llamativo es el voto particular del interventor, que describe que se trató de una adjudicación sin sustento legal. El contrato fue otorgado a Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar. En concreto, explica que la adjudicación carece de motivación jurídica válida. «El informe no responde a lo que en Derecho se entiende por motivación adecuada», comienza. El interventor sostiene que las puntuaciones asignadas a las distintas empresas no están sustentadas en ningún criterio técnico objetivo. Las expresiones utilizadas —«aceptable», «bueno», «excelente»— no van acompañadas de argumentación ni comparación real entre ofertas.

Esto, según el funcionario, convierte el proceso en una adjudicación arbitraria. La investigación de la Guardia Civil comenzó a finales de 2024 tras personarse en la Jefatura de Pamplona una persona que denunció, con multitud de documentación, el presunto amaño del contrato, cuyo objeto es el desarrollo del proyecto de duplicación del túnel de Belate, y una posible desviación de fondos en favor de Santos Cerdán. Tras la declaración, que duró más de una hora, los agentes abrieron una investigación y ahora el Tribunal Supremo espera un informe sobre la participación del dirigente socialista en procedimientos de adjudicación pública.

El segundo documento más comprometedor para el expediente es el que firmó el secretario y un vocal de la Junta de Contratación. Ambos denuncian que se valoraron aspectos que no figuraban en los pliegos, una práctica abiertamente ilegal. «Se valoraron aspectos no establecidos en los pliegos», denunciaron. Esta frase equivale, jurídicamente, a alterar las reglas del procedimiento después de haber recibido las ofertas. La consecuencia es grave, ya que, según este documento, quienes sabían de antemano qué se iba a valorar realmente —aunque no constara por escrito— tenían ventaja competitiva.

El voto recuerda además que no es posible otorgar puntuaciones con base en criterios no públicos. Hacerlo vulnera el principio de igualdad entre licitadores, deslegitima el proceso y puede derivar en responsabilidades disciplinarias o incluso penales si se prueba intencionalidad. El primer voto particular de un vocal de la mesa describe con precisión quirúrgica la falta de sustancia técnica del documento de valoración. «El informe se limita a describir, no a valorar ni justificar las puntuaciones. Es un relato sin lógica argumentativa», afirma. Según su análisis, las puntuaciones no están respaldadas por comparativas ni por razonamientos técnicos. Se otorgan sin explicar qué criterios se han aplicado y en qué medida se cumplen.

Según este trabajador público, la adjudicación se basa en un documento que finge ser técnico pero que en realidad no cumplía con los estándares mínimos exigibles. El segundo voto particular profundiza en la opacidad de las puntuaciones. El vocal que lo firma se queja de que no hay una sola línea en todo el informe que explique por qué una empresa recibe más puntos que otra. «No se indica por qué una propuesta es mejor que otra», describe. Es decir, que si las empresas no pueden saber qué se ha valorado ni por qué han sido superadas por otra oferta se vulnera el derecho de defensa y el principio de transparencia. Esta falta de justificación imposibilita recurrir con garantías y convierte el resultado en una imposición sin base legal visible. El informe también denuncia la inexistencia de criterios comparativos y el uso de expresiones vacías que no permiten conocer el verdadero contenido de la evaluación.

El voto particular número tres sostiene que se incumplieron los pliegos. Este voto, aunque de tono algo más institucional, aporta un dato clave. Su autor afirma que la valoración técnica no se ajustó a los criterios fijados en los pliegos del contrato, lo cual supone una infracción directa del principio de legalidad. «No se ha valorado conforme a los criterios del pliego», enmarca. Esto implica que el órgano evaluador aplicó su propio sistema de puntuación obviando el baremo previamente aprobado y conocido por los licitadores. El vocal no acusa directamente de manipulación pero sí de falta de rigor y de desviación respecto a las normas del procedimiento.

El informe de valoración técnica, firmado el 28 de agosto de 2023, sostiene que no hubo comparativas reales entre ofertas. También que no se explicaron las diferencias de puntuación y que se premiaron elementos que no estaban previstos en los pliegos, como el uso de metodologías BIM o sistemas de guiado no obligatorios. Y que, en algunos casos, se otorgaron notas altas a propuestas que, según los votos posteriores, ni siquiera cumplían con los requisitos básicos de documentación. A pesar de estas numerosas irregularidades el contrato fue otorgado a la UTE vinculada a Cerdán.