Madrid aprueba 2,7 millones para atender a 182 menores extranjeros mientras la Justicia avala su centro de Fuenlabrada

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado 2,7 millones de euros, a través de tres acuerdos tramitados de emergencia, para atender a 182 menores extranjeros no acompañados a cargo de la región en 2025. En concreto, estos contratos servirán para gestionar 112 plazas en dispositivos de titularidad pública y 70 en centros privados.

El Ejecutivo madrileño ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el reparto de estos menores impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, mientras el Alto Tribunal se pronuncia sobre el asunto, Madrid tiene el imperativo legal de hacerse cargo de ellos. Por tanto, ha avanzado que, en el caso de que ese reparto obligatorio termine imponiéndose, el Ejecutivo regional ampliará el Centro de menores de La Cantueña, ubicado en el municipio de Fuenlabrada, y ya está estudiando la apertura de nuevos recursos en otras localidades.

El centro de Fuenlabrada ha estado en el ojo de la polémica desde su apertura hace algo más de medio año por la oposición que ha ejercido el Gobierno del municipio, liderado por el socialista Javier Ayala, quien ha llevado el asunto a los tribunales en varias ocasiones, tratando de paralizar las obras de La Cantueña que iba a habilitar el lugar para la apertura del centro.

Sin embargo, los tribunales, una y otra vez, rechazaban sus pretensiones, con hasta siete resoluciones en su contra a las que esta semana se ha sumado la primera sentencia. El Gobierno autonómico daba a conocer este miércoles que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 ha avalado la actuación de la Comunidad de Madrid en La Cantueña y ha anulado el intento del Consistorio socialista de impedir la realización de las obras.

El referido juzgado, que ya paralizó cautelarmente la actuación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ha anulado definitivamente este intento de impedir que el Ejecutivo madrileño pudiera acondicionar debidamente el centro para la acogida de inmigrantes.

La sentencia señala que está documentado que la propiedad del inmueble pertenece a día de hoy a la Comunidad de Madrid, y avala que la actuación se llevó a cabo por los cauces legales. Concluye por ello que el Ayuntamiento, en su intento de impedir las obras, incurrió en desviación de poder.

Motín en el centro

Hace escasos días, el centro de Fuenlabrada vivió una pelea multitudinaria que terminó con la detención de doce menores y con siete trabajadores del centro heridos. Aunque estos menores regresaron al centro pocas horas después del suceso, el Ejecutivo madrileño avanzó que la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia está valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración y que, por tanto, sea aconsejable pedirle a la delegación del Gobierno, competente en el asunto, su reagrupación familiar en sus países de origen.

De hecho, el Gobierno madrileño ya ha solicitado al departamento que dirige Francisco Martín la reagrupación de cuatro menores -ajenos a este suceso de La Cantueña- por sus «graves dificultades de adaptación».