Los centros de inmigrantes y los ataques de magrebíes provocan una guerra política en Madrid

Los centros de inmigrantes y los últimos sucesos protagonizados por magrebíes en Madrid han desatado una guerra política entre el Partido Popular, Vox y el Gobierno central. La Comunidad de Madrid tiene tres grandes centros de inmigrantes repartido por la región: Pozuelo, Alcalá y Carabanchel. El partido de Santiago Abascal se ha mostrado de manera contundente en este tema, lejos de mostrarse alineados con las reivindicaciones del PP, acusan a la formación de «hipócrita y cómplice» de la política migratoria de Sánchez.

Además, la semana pasada un magrebí de 21 años agredió brutalmente a una mujer para robarle una mochila. Este suceso junto con la violación de una chica en Alcalá de Henares ha desatado la indignación de Vox.

La portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, comentaba que «el delincuente, marroquí y reincidente, sigue en nuestro país y probablemente seguirá cometiendo delitos. Con Vox, ya estaría en Marruecos hace tiempo, cumpliendo pena en sus cárceles».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comentaba lo siguiente en redes sociales: «¿Tenía antecedentes? Si los tenía: ¿por qué, aun así, el Gobierno permitió que entrara? Y si no lo sabía: ¿en qué manos estamos? ¿Cuántos casos más van a dejar que se produzcan?».

La líder de Vox regional le contestó diciendo que dejase de ser «cómplice, financiando plazas de menas en todo Madrid, llamado a Vox inhumanos cuando abordamos este tema, diciendo que son tan españoles como Abascal, y diciendo que caben todos los acentos en Madrid, y nos podremos creer algo (algo) tu discurso».

En este sentido, Moñino remarcaba que «hace 15 días Ayuso aplaudía a los ilegales llamándolos «valientes». O tenéis la cara muy dura o tenéis mucho miedo a las encuestas que manejáis…O ambas. No es convicción, es miedo: el PP ve cómo Vox crece y tratan de impedirlo. Ya es tarde. Sólo hay un Vox y los españoles lo saben».

Reparto de inmigrantes

Los episodios de los últimos días han puesto en guardia, no solo al Gobierno autonómico, sino también a las administraciones locales, que observan con preocupación los acontecimientos.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, señalaba hace semanas a El Debate que temía que la llegada de esos 400 menores extranjeros no acompañados ponga en riesgo la seguridad de un municipio con una de las tasas de criminalidad más bajas de toda España.

Desde Vox Pozuelo denunciaron que en el Pleno celebrado a mediados de julio «el PP rechazó su propuesta para impedir la llegada de 400 menas al municipio. Motivo: la culpa es sólo de Sánchez. El bipartidismo sigue jugando con la seguridad y el dinero de todos los madrileños. ¡Falsos!».

Además, la primera edil se preguntaba por qué el Gobierno considera que un municipio como Pozuelo, con poco más de 89.000 habitantes, tiene capacidad para absorber esa cantidad de inmigrantes, mientras que en Fuenlabrada, con más de 192.000, consideran un 'macrocentro' las instalaciones autonómicas de La Cantueña para acoger a 96 menas.

Por su parte, en Alcalá de Henares se celebró la semana pasada la reunión de seguridad entre el Ayuntamiento y la delegación del Gobierno por las fiestas del municipio. Y tras el suceso de la violación y la situación del centro de inmigrantes se trató este tema.

Situación en Alcalá

La alcaldesa Judith Piquet criticó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su actitud durante la reunión. La primera edil acusó al representante de Sánchez de acudir a la ciudad «a insultar» y llamar «racistas» a las autoridades municipales y también a la Comunidad de Madrid.

Piquet remarcó que no existe diálogo ni «lealtad institucional» por parte de un Martín que «se limita a insultar a los gobernantes de la ciudad de Alcalá de Henares y también a los vecinos».

La alcaldesa alcalaína lleva desde que abrió sus puertas en enero de 2024 pidiendo el cierre del centro de inmigrantes instalado en el acuartelamiento 'Primo de Rivera'.

Por el contrario, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, enmarca estas peticiones en un intento de «criminalizar la inmigración» que tacha de «irresponsable y peligrosa».

Para Martín, la vinculación entre la inseguridad y la inmigración es una «gran mentira» y una «injusticia». Lo que hay que hacer, a su juicio, es responder con «responsabilidad» y «saliendo de la espiral del barro» a una crisis migratoria que es de «escala global».