Daniel Portero, ante el informe que señala a Txapote en el asesinato de su padre: «Hay ya pruebas más que suficientes»

La Justicia continúa investigando los asesinatos que perpetró la banda terrorista ETA gracias a la lucha constante de hijos y nietos de estos familiares. Uno de estos casos es el del fiscal Luis Portero en Granda, su hijo Daniel, quien es diputado de la Asamblea de Madrid, lleva varios años para que este caso no se archive y se esclarezca quien estuvo detrás del atentado que se llevó la vida de su padre. Este sábado un informe apuntaba que Txapote y a la cúpula de ETA estuvieron detrás de la orden que dictó la ejecución del fiscal de Granada.

Hasta ahora, solo uno de ellos, Olarra Guridi, fue condenado por el asesinato de Luis Portero. «De los tres responsables, solo se ha condenado a uno. Yo vi claro que había que ir a por los otros dos», explica Daniel. El informe detalla cómo desde 1998 su padre ya estaba en la lista de objetivos de ETA: en el piso franco del comando Andaluz se encontraron recortes de prensa con su fotografía y anotaciones manuscritas para recabar información sobre su vida.

La investigación también establece conexiones logísticas: la trazabilidad de los explosivos empleados en el atentado coincide con material distribuido por Txapote y Ainhoa Múgica Goñi, alias Olga, a varios comandos, tanto en Andalucía como en Madrid y el norte de España. Incluso se rastrea la matrícula de un coche-bomba a una orden directa de Txapote en 1999, poco antes de que se rompiera la tregua. «No puedes señalar a un objetivo sin que alguien de arriba lo haya decidido. Y en el caso de mi padre, eso solo podía venir de la cúpula», afirma.

Tanto Txapote como Múgica y Guridi formaban la estructura denominada Otsagi. La amenaza era real y conocida. Tras el asesinato del concejal malagueño José María Martín Carpena en julio de 2000, ETA reorganizó el comando Andaluz. Sin embargo, a pesar de que el fiscal jefe de Andalucía estaba señalado, nunca se le asignó escolta oficial. Daniel y su hermano asumieron entonces ese papel de forma improvisada.

«En Málaga, mi hermano y yo hacíamos de escolta de mi padre. No nos separábamos de él. Cuando paseábamos juntos, nos confundían con escoltas profesionales y eso nos daba cierto margen de seguridad», recuerda. Esa vigilancia personal fue clave: según le informaron después, el comando llegó a descartar un atentado en Málaga porque Portero siempre estaba acompañado por dos hombres. «En Granada, donde el fiscal viajaba con frecuencia, la situación era más vulnerable: solo contaba con un conductor, y al llegar al portal, nadie le acompañaba hasta la entrada», señala.

Portero admite que el caso de su padre siempre ha encontrado más obstáculos judiciales que otros. «Al que más pegas le ponen en las causas judiciales es al de mi padre. No sé por qué. En su momento, la Fiscalía pedía una orden directa, pero ETA nunca las daba por escrito. Sus órdenes eran verbales o a través de buzones intermedios. Eso dificulta mucho la prueba en un juicio», señala.

Este modus operandi, implantado tras la caída de la cúpula etarra en Bidart en 1992, dificultó desde entonces que las órdenes pudieran vincularse directamente a los líderes. Sin embargo, para Portero, la acumulación de indicios, las pruebas documentales y la trazabilidad de los explosivos bastan para imputar a Txapote y Múgica. «Creo que hay pruebas más que suficientes para llevarlos a procesamiento», insiste.

«Votos de sangre» de Bildu

El informe actual, aunque valioso, todavía debe ampliarse. El objetivo es incorporar pruebas más exhaustivas sobre los explosivos y reforzar la narrativa logística que situaría a Múgica como pieza clave en el abastecimiento de material para el atentado.

La causa judicial no es el único frente en el que Portero libra su batalla. Su denuncia se extiende al terreno político, especialmente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Sánchez, por mantenerse en el poder, es capaz de todo. Lo primero que hizo fue ceder las competencias penitenciarias al Gobierno vasco, y así se ha facilitado la puesta en libertad de etarras», acusa.

Para el diputado madrileño, esta política responde a un pacto implícito con EH Bildu. «Es una connivencia clara. Por un puñado de votos de sangre venden a quien sea. Es un pacto de poder a costa de la dignidad de las víctimas», afirma con contundencia.

Próximo pasos

La ampliación del informe no será un trámite rápido, pero Portero confía en que el resultado será sólido. Entre los elementos que pretende sumar están nuevas declaraciones de un testigo protegido y la reconstrucción logística de las reuniones entre los tres dirigentes señalados y los comandos operativos.

Un testimonio de la época ya recoge que los asesinatos de figuras como Luis Portero o el juez José María Lidón no podían decidirse sin la aprobación directa de la cúpula.

«Vamos a demostrar que había un núcleo muy reducido que decidía los grandes atentados y que mi padre fue uno de esos objetivos seleccionados personalmente», sostiene.

Si el juez acepta la ampliación del sumario, podría abrirse la puerta a nuevas imputaciones por inducción o autoría intelectual. Veinticinco años después, Portero sigue con la misma determinación que el día que mataron a su padre.