El PP presentará «en breve» los Presupuestos regionales, junto con otras siete leyes, a la Asamblea de Madrid

El portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz-Pache, ha comunicado que la ley de universidades de la Comunidad de Madrid llegará «en breve» a la Asamblea. Lo hará junto a otras ocho reformas o leyes impulsadas por el Gobierno autonómico.

En la rueda de prensa posterior al tradicional encuentro de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con todos los grupos parlamentarios, Díaz-Pache revelaba haber hecho hincapié en «coordinar la acción y ver el calendario legislativo a desplegar» entre grupo y Ejecutivo.

Así, mencionaba la ley para considerar al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, una ley de simplificación administrativa, una ley de apoyo a la empresa familiar, la modificación de la ley del suelo, la ley de calidad de los servicios sociales, la ley de universidades, una modificación de la ley de Hacienda y los Presupuestos para 2026. Acerca de esta última, señalaba la diferencia entre Gobierno regional y central, donde el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «tiene un parlamento absolutamente dividido que no le aprueba ningunas cuentas».

La ley de universidades

En el pasado mes de junio se deslizó un borrador de la ley de universidades que contemplaba multas de entre 15.000 y 100.000 euros si se realizaban «manifestaciones no autorizadas» que impidieran la celebración «libre y pacífica de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus». También la «ocupación de cualquier lugar» donde se impida «el acceso al campus o el uso de las instalaciones universitarias».

Otras de las sanciones que se incluían serían multas entre 300 y 15.000 euros por «colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados».

Desde la Comunidad de Madrid se aludía a que el borrador «o solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas» y mencionaba estas sanciones como «herramientas» para «hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales» por medio de amparar legalmente a la universidad.

De la misma forma, planteaba a los rectores de las seis universidades públicas un borrador completo en el que se planteaba un modelo de financiación en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. Igualmente, se plantea que todas estas instituciones educativas públicas deban «cubrir al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto» con «fuentes distintas a las transferencias realizadas» por el Gobierno regional.

Dicho porcentaje podrá alcanzarse por medio de «fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos para el despliegue de sus actividades».