Los Presupuestos cumplen 1.000 días en vigor sin que el Gobierno haya presentado ninguna alternativa

Hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, los actuales Presupuestos Generales del Estado cumplen 1.000 días en vigor, desde que el 22 de diciembre de 2022 se aprobaran en las Cortes las cuentas para el ejercicio que estaba a punto de comenzar. Entraron en vigor el 1 de enero de 2023 y, desde entonces, el Gobierno no ha vuelto a presentar ante el Congreso de los Diputados una ley de Presupuestos.

La prórroga de unos Presupuestos está contemplada en la Constitución Española, y no es un hecho único en la historia reciente de nuestro país. Pero para que unas cuentas sean prorrogadas (siguiendo la legalidad) el Gobierno debe llevar a cabo un paso previo que el actual Ejecutivo lleva dos años obviando.

El artículo 134 de la CE indica que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los PGE al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Al ser anuales los Presupuestos, antes de concluir cada mes de septiembre el Gobierno está obligado a presentar a las Cortes unos PGE, sin importar si el Ejecutivo cuenta con los votos afirmativos suficientes para aprobarlos.

En el caso de que estas cuentas propuestas a la Cámara sean rechazadas y no se llegue a un acuerdo que posibilite su aprobación antes de final de año, el día 1 de enero quedarían automáticamente prorrogados los PGE del año anterior. La circunstancia excepcional de tener que prorrogar unas cuentas no es nueva en España, ya que en democracia ha sucedido en varias ocasiones y por motivos muy diversos.

A finales de 2011, cuando el plazo para presentar una propuesta de cuentas anuales se acercaba a su fecha límite, José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones anticipadas para el mes de noviembre, por lo que ni su Gobierno ni el Ejecutivo entrante de Mariano Rajoy pudieron aprobar unos PGE antes del 1 de enero de 2012.

El Gobierno de Rajoy también se vio obligado en los años 2017 y 2018 a prorrogar los Presupuestos vigentes. Estas últimas cuentas de los 'populares', con Cristóbal Montoro a la cabeza, fueron posteriormente prorrogadas hasta en dos ocasiones, manteniendo su vigencia desde medidos de 2018 hasta el 1 de enero de 2021, convirtiéndose así en los más duraderos hasta aquella fecha. Este récord de longevidad ha sido pulverizado por las actuales cuentas estatales, que hoy cumplen 1.000 días, y que fueron aprobadas en la anterior legislatura.

Incumplimiento de la Constitución

Pero los actuales PGE no solo destacan por el tiempo que llevan en vigor, sino también por las formas del Gobierno a la hora de lidiar con esta anomalía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva ya dos años maniobrando para, a costa de saltarse la Constitución, evitar una dura derrota parlamentaria que podría poner en cuestión la funcionalidad del propio Gobierno.

A pesar del mandato constitucional por el que el Gobierno debe preparar y proponer al Congreso una ley de Presupuestos antes de finalizar el mes de septiembre, el actual Ejecutivo ha decidido no plantear las cuentas para este 2025 ni para el pasado 2024, por lo que la ley que determina el gasto del Estado en estos momentos es la que se ideó para el año 2023.

Esta decisión del Gobierno de coalición PSOE-Sumar se debe a que, tras las elecciones del 23 de julio de 2023, han sido incapaces de aglutinar el apoyo del bloque de investidura para apoyar unas cuentas públicas, por lo que la opción de saltarse la Constitución y no presentar un proyecto de ley de Presupuestos les parece menos lesivo para el Ejecutivo que proponer unos PGE y que sean rechazados por el Congreso.

Otro hecho que puede determinar el camino que ha proseguido Sánchez es que en el año 2019, tras su moción de censura contra Rajoy, el no lograr reunir los apoyos necesarios para aprobar las cuentas propuestas por el Ejecutivo entrante fue el pretexto con el que el propio Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas a finales de ese año.

Con los precedentes de estos últimos dos años, con la misma aritmética parlamentaria que ha hecho que el Gobierno mantenga los PGE sin actualizar ya 1.000 días, y con los casos de corrupción acechando a la cúpula del PSOE y al entorno más íntimo del presidente, el Ejecutivo afronta la recta final antes de que se le acabe el plazo constitucional para presentar unas cuentas para el 2026.

Si nada cambia, en menos de una semana el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como principal responsable, incumplirá por tercer año consecutivo su deber de presentar los Presupuestos ante el Congreso de los Diputados antes de finalizar el mes de septiembre.