El Gobierno chapotea en la teoría de la persecución judicial mientras se ahoga

El Gobierno no tenía ninguna duda de que las instrucciones de los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma contra la mujer del presidente y su hermano iban a acabar, en ambos casos, en la apertura de juicio oral más pronto que tarde. Por eso, en su primera -y hasta ahora única- entrevista del nuevo curso, Pedro Sánchez cargó contra ambos en TVE, sin atreverse a dar nombres: «Hay jueces haciendo política», señaló, tirando la piedra de la prevaricación y escondiendo la mano.

En apenas 24 horas, la Audiencia Provincial de Badajoz ha mandado al banquillo a David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencia, así como también al líder del PSOE de Extremadura; y el juez Peinado ha dado el paso definitivo para enjuiciar a Begoña Gómez por malversación frente a un jurado popular, a su exasesora y al actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

Y todo ello, mientras el presidente del Gobierno, pieza clave en los delitos de los que están acusados su mujer y su hermano, se encuentra de viaje en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde allí tendrá que responder este miércoles, puesto que tenía prevista de antemano una comparecencia ante la prensa sobre las ocho de la tarde. Si es que no la cancela, como hizo el martes con las entrevistas que tenía cerradas con la CNN y Bloomberg. Según la Moncloa, por «cambios de última hora» en su agenda.

Entretanto, a su guardia pretoriana, a María Jesús Montero y a Félix Bolaños, la noticia les pilló en el Pleno del Congreso; tratando aún recuperarse del golpe que le ha supuesto al Ejecutivo ver cómo su mayoría de investidura quedaba hecha añicos en la votación sobre la delegación de las competencias en materia de inmigración a Cataluña, con Junts y Podemos enzarzados y dos disidencias en el grupo parlamentario de Sumar.

La consigna del Gobierno la resumió el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, uno de los procesados. «Este procedimiento acabará en absolutamente en nada porque no hay absolutamente nada», según Martín. Lo mismo que los socialistas decían hace un año, lo mismo que decían hace seis meses y lo mismo que decían hace dos semanas.

Las instrucciones han avanzado hasta el banquillo de los acusados, respaldadas por los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad de Madrid y de Extremadura, así como por las Audiencias Provinciales de Madrid y de Badajoz. Por el contrario, la respuesta del Gobierno no se ha movido un milímetro, a pesar del cúmulo de indicios en ambos casos. «La persecución judicial ya no cuela», advirtió Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia desde el Congreso, conociendo de antemano la respuesta del Ejecutivo. «¿Cómo es posible que ninguno de los socios ponga fin a esto?», se preguntó. Estos están con el Gobierno, ya lo demostró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en su primera reacción: «Ahora le tocan la cara al presidente del Gobierno, ojalá el PSOE reaccione y se frene al partido judicial que hace política hace mucho tiempo».

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes trató de minimizar una noticia que, a juicio de la oposición, no soportaría ninguna otra democracia europea, ningún otro Gobierno. «Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio», anticipó Bolaños. «El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista», añadió. El ministro recordó que Peinado también intentó imputarle a él y el Tribunal Supremo lo rechazó. Pero, sin embargo, no recordó que la Audiencia Provincial de Madrid avaló tanto la imputación de la mujer de Sánchez como la de su exasesora, que no son aforadas.

Tanto se han dedicado los socialistas a abonar la teoría del lawfare durante el último año y medio que, este miércoles, ni siquiera se molestaron mucho en desarrollarla. «Es surrealista. Se explica por sí solo», sostuvo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. «Esta instrucción se va a estudiar en todas las facultades de Derecho», lamentó Yolanda Díaz. Desde el PSOE zanjaron: «El único delito de ambos es ser familia del presidente del Gobierno».