La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
La Justicia rechaza reabrir dos causas archivadas contra Ayuso por la gestión de las residencias en Madrid
La Audiencia Provincial de Madrid desestimaba dos recursos de apelación presentados por familiares fallecidos en las residencias
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los dos recursos de apelación para reabrir las causas archivadas sobre los protocolos de derivación hospitalaria durante la pandemia de covid-19. Habían sido presentados por familiares de dos fallecidos en las residencias.
En uno de ellos se adhirió la Fiscalía de Madrid. Presentado por la familia, se presentó contra el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba, según ha podido saber Europa Press.
El caso se abrió por la muerte de un anciano en una residencia de esta localidad madrileña, y se dirigió contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de homicidio imprudente.
La otra causa, a la que los magistrados han negado la reapertura, también estaba relacionado con el protocolo de las residencias de la región durante la pandemia. En el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, tanto la Fiscalía como la representación procesal reclamaban la reapertura por un delito de odio.
Los jueces han ratificado los archivos acordados en primera instancia y cierran, de momento, las investigaciones sobre la responsabilidad penal en estos dos casos.
143 denuncias archivadas
Esta confirmación se suma a otros muchos casos de archivo en torno a esta cuestión. La propia Ayuso cifraba en el mes de septiembre un total de 143 denuncias archivadas por la Justicia contra los protocolos médicos de la Administración madrileña, frente a los que se empeñan en señalar su gestión.
Detallaba que 92 acciones habían quedado descartadas en el ámbito judicial, y más de 50 ni siquiera habían superado el filtro de la Fiscalía por falta de indicios.
Pese a los constantes intentos de la oposición madrileña, la Justicia no ha encontrado nada reprochable —de acuerdo con el artículo 511 del Código Penal, relativo a la denegación discriminatoria de una prestación— en materia de los Protocolos de no derivación hospitalaria a los usuarios de residencias de personas mayores durante los meses más duros de la pandemia.