Con el futuro de nuestros hijos no se juega
Se trata de un paso pionero que muchos evitan por miedo a la crítica: limitar de verdad el uso de pantallas en los colegios
El Gobierno ha anunciado ahora su ley sobre menores y entornos digitales por pura necesidad política. Es la enésima cortina de humo. Una vez más, cuando la situación se les complica, cuando los escándalos se acumulan y cuando sus socios les dan la espalda, buscan un titular rápido para tapar la realidad con propaganda. Y lo hacen con una ley que llega tarde, demasiado tarde, y que nace tras meses de inacción y del incumplimiento permanente de la normativa europea. No tiene la profundidad que exige un problema que afecta al presente y futuro de miles de familias españolas.
Nuestros menores están creciendo en un entorno hostil y con escaso control frente a dispositivos diseñados para generar adicción y capturar su atención durante horas. Están expuestos sin la madurez emocional para gestionar lo que ven y, mientras tanto, los riesgos se disparan a diario: adicción, ansiedad, aislamiento, exposición a contenido sexual o violento, y una manipulación algorítmica que ni siquiera los adultos entendemos del todo. Es la rutina diaria de miles de padres que se sienten solos, sin herramientas y sin la protección que merecen sus hijos.
En la Comisión de Estudio sobre el uso de la tecnología por parte de la infancia y la adolescencia que impulsó en Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, numerosos expertos han comparecido para abordar desde diferentes ámbitos cómo las pantallas se han convertido en un territorio sin ley para los menores.
El dictamen de esta comisión no dejó espacio para la duda: la verificación de edad actual no sirve, los controles parentales son ineficaces, las plataformas actúan tarde y mal, y nuestras unidades de delitos telemáticos carecen de los recursos que este Gobierno central jamás ha querido darles.
En este sentido, la Comunidad de Madrid ha actuado desde el primer minuto poniendo el foco donde realmente importa: en los niños, las familias y la educación. Se ha reforzado la formación docente, se han implantado protocolos para detectar problemas antes de que la crisis estalle y se han impulsado programas de alfabetización digital para padres.
Se trata de un paso pionero que muchos evitan por miedo a la crítica: limitar de verdad el uso de pantallas en los colegios. Volver al libro y al papel. Los expertos son unánimes: el abuso de dispositivos reduce la concentración, empobrece el aprendizaje y genera una dependencia perjudicial. Madrid no quiere niños absorbidos por una pantalla, sino alumnos que piensen, aprendan y crezcan sin el bombardeo constante de estímulos.
Además, desde el Partido Popular presentamos al Gobierno central quince medidas concretas y urgentes para mejorar la formación, la verificación real de la edad, controles parentales efectivos, refuerzo de la CNMC y de los medios policiales. ¿La respuesta del Gobierno? La indiferencia, hasta que Europa les obligó a reaccionar.
Ahora presentan una ley en el Congreso que no dice nada nuevo, reciclando iniciativas del Partido Popular que despreciaron durante meses y envolviéndolas en un paquete de urgencia que choca con su propia inacción. Todo esto, mientras mantienen más de sesenta y cinco leyes esenciales bloqueadas en el Congreso para mejorar desde la seguridad hasta la convivencia.
Y lo más indignante es su repentino interés por el consenso. Hablan de grandes acuerdos justo ahora, cuando han perdido la mayoría parlamentaria y la ruptura con sus socios les ha dejado sin capacidad para aprobar absolutamente nada.
La protección de los menores en Internet no es un juguete político ni puede ser una bomba de humo para esconder ninguna crisis. Nos jugamos el futuro de nuestros jóvenes y, con ello, el futuro de nuestro país.
En la Comunidad de Madrid la prioridad está clara y pasa por proteger a los menores en un entorno digital cada vez más hostil, con el compromiso firme de quien entiende qué país queremos construir y qué infancia queremos defender.
