Guerra entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Pozuelo por el cierre del centro de acogida de inmigrantes

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha advertido al Gobierno central que hará efectivo el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) «por todos los cauces legales» antes del 17 de enero. Ante este ultimátum, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado un recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares contra el cierre del centro.

El conflicto tiene su origen en un acto celebrado ayer en el propio CREADE, en el que Elma Saiz organizó un acto con motivo del Día del Migrante. En dicho evento, no acudió la alcaldesa de Pozuelo porque ni siquiera estaba invitada.

Ante la firmeza en la actitud de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, la ministra comentó: «Este centro es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional o temporal y, hasta hace unos meses, no se había producido ningún problema con el Ayuntamiento».

El enfado de Paloma Tejero viene motivado no solo por la no invitación al acto, sino porque «no ha dicho nada sobre la situación del centro». El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón proclamó el cese definitivo de actividad en el centro el día 17 de septiembre. A partir de ahí, se estableció un plazo de cuatro meses para ejecutar el cierre, así como un plazo de dos meses para interponer recurso contra esta decisión.

En la propia resolución se alegó el motivo del cierre, y es que el centro no se ajusta a los respectivos títulos habilitantes que pueden amparar su actividad.

A día de hoy, el Ayuntamiento municipal asegura que no han sido informados sobre la interposición de un recurso judicial. En cualquier caso, «el recurso no sería válido porque tenía que haberse presentado antes del 17 de noviembre, fecha en que caducaba el plazo», se defienden.

Del mismo modo, no ha recibido ninguna notificación respecto a la obtención del título habilitante por parte del Gobierno, aun cuando en el apartado tercero de la resolución consta que «dispusieron de quince días a partir del anuncio del 17 de septiembre».

Por tanto, desde el consistorio pozueleño han solicitado información por parte del Gobierno respecto a la situación del CREADE. En la petición, se ruega que el Gobierno explique cómo va a ejecutar el cierre, ya que apenas les queda un mes para llevarlo a cabo.

La falta de comunicación entre ambos es evidente, y en caso de no actuar en el plazo restante, Paloma Tejero apercibe al Gobierno: «El Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar quieto y va a utilizar todas las herramientas y todos los cauces legales que tiene a su alcance para que esta orden de cierre se ejecute».