La ley de Universidades de Ayuso, una controvertida norma para paliar la LOSU que naufraga 883 días después

El 19 de septiembre de 2023, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba durante la apertura del año académico celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid la puesta en marcha de una ley de Universidades autonómica, con el objetivo de mitigar los «pésimos» efectos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Dos años y medio más tarde, este miércoles 18 de febrero de 2026, el Ejecutivo ha decidido poner en un cajón esa norma, denominada Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), con vistas incluso a tirarla a la basura. Y es que, según ha reconocido el propio Ejecutivo, esa normativa, que se ha vendido durante todo este tiempo como uno de los proyectos estrella de la legislatura, jamás verá la luz en los términos en los que está redactada en la actualidad.

Es más, la redacción de esa ley ha dejado de ser un objetivo «prioritario» en el seno de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que ahora lidera Mercedes Zarzalejo, quien tiene encomendada la tarea de cerrar un nuevo sistema de financiación plurianual de las universidades públicas de la región, al margen de la ley.

Así pues, parece este el abrupto final de una legislación que llevaba fraguándose, sin mucho éxito, desde hace casi 30 meses y que prometía «defender la libertad, promover la excelencia docente e investigadora y paliar las deficiencias y el lastre de la pésima normativa estatal», tal y como proclamó Ayuso aquel 19 de septiembre de 2023.

Cuando fue anunciada, los plazos que manejaban en la Puerta del Sol eran muy optimistas. Los planes eran que la ley se tramitara para que llegara a la Asamblea de Madrid a finales de ese mismo año. Algo que no estuvo ni cerca.

Varios meses después, en junio de 2024, Emilio Viciana, a la sazón consejero de Educación madrileño, afirmó en una entrevista con El Debate que la ley iba «muy bien» y que su departamento tenía prevista una reunión con la Conferencia de Rectores de las universidades públicas de la región para presentarles un borrador con las líneas maestras de la nueva legislación. «Creo que va a ser uno de los proyectos normativos más potentes de la Consejería de Educación en esta legislatura. Vamos a englobar en esa ley tanto la parte de universidades como la parte de ciencia», señaló, en una afirmación que ha envejecido mal, una vez ese proyecto ha quedado paralizado.

Además, Viciana hizo alusión a uno de los extremos que, según ha publicado este periódico, más ha soliviantado a la comunidad universitaria y que ha sido uno de los motivos que le han hecho caer, que es el de haber querido mezclar en esa ley las enseñanzas artísticas con las universitarias. «Queremos incluir también toda la regulación de la educación superior, que ahora se ha visto un poco desplazada por la Ley de Enseñanzas Artísticas que ha aprobado el Estado. Nosotros queremos incluir las universidades, la ciencia, las líneas maestras de la formación profesional, las enseñanzas superiores, las artísticas, las deportivas... Con el objetivo de que esté todo enmarcado dentro de un mismo paraguas», manifestó.

Seis meses después, en diciembre de 2024, este periódico volvió a entrevistar al consejero y, en ese momento, reveló que el borrador debería estar listo a mediados de enero de 2025. Además, criticó que la LOSU se había hecho sin ningún tipo de colaboración con la comunidad universitaria, mientras que la LESUC se estaba haciendo de la mano con ella. «Hemos mantenido ya más de 15 reuniones con el mundo universitario y de la investigación. Hemos dividido nuestra ley en distintos ámbitos temáticos y hemos ido teniendo reuniones con rectores, vicerrectores, consejos sociales y estudiantes por materias. Es decir, estamos en permanente contacto. También nos hemos reunido con universidades privadas para tener todas sus aportaciones y poder plasmarlas en la ley. Una ley que queremos que sea de colaboración en todo momento y de la mano con la universidad», aseguró.

De nuevo, los plazos no fueron los esperados y, además, las relaciones con los rectores fueron tensándose, porque no estaban de acuerdo con buena parte del articulado de esa ley. Así las cosas, el pasado 15 de diciembre, después de que Ayuso se hubiera llevado meses antes a Miami a Viciana, junto con el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, así como los rectores de la Politécnica, Óscar García; la Autónoma, ⁠Amaya Mendikoetxea, y la Rey Juan Carlos, ⁠Abraham Duarte, para promocionar la universidad madrileña en Estados Unidos, la presidenta dio un ultimátum a Viciana para que desatascara la ley.

En Sol querrían haberse tomado las uvas con la normativa bajo el brazo, pero una vez esa pretensión quedó truncada y semanas después la situación seguía enquistada, Díaz Ayuso no solo decidió cobrarse la cabeza de Viciana, sino, directamente, renunciar a sacarla adelante.

Una decisión que han aplaudido desde la plataforma de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, integrada por estudiantes y trabajadores, que opinan que «la ley estaba redactada con muchos visos de inconstitucionalidad, que tenía muchos aspectos que vulneraban la autonomía financiera y la estabilidad presupuestaria de las universidades».