Sánchez rechaza tramitar los expedientes de expulsión de menores inmigrantes inadaptados solicitados por Ayuso

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado tramitar hasta 86 expedientes solicitados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde 2019 para sacar de España a menores inmigrantes no acompañados con problemas de adaptación en la región.

Así lo ha avanzado este jueves el diario El País, que recoge que el Gobierno central consideraría que los argumentos esgrimidos por Madrid, las «dificultades de adaptación», para forzar la salida de los menores vía reagrupación o reunificación familiar, no son más que fórmulas para regatear sus responsabilidades y el deber de velar por el interés superior de los menores.

«La Delegación del Gobierno ha trasladado a la Comunidad de Madrid la decisión de no incoación de los expedientes solicitados en cumplimiento de lo previsto por la norma y en aras siempre del interés superior del menor», han reconocido al citado diario desde el departamento comandado por Francisco Martín.

«Se rechaza ante la falta de garantías en su posible retorno, por lo tanto, prima el interés superior del menores. En lugar de pedir la expulsión de menores, la Comunidad de Madrid debería cumplir con sus responsabilidades de tutela», han señalado esas mismas fuentes.

Cabe recordar que desde el Gobierno madrileño reconocieron el año pasado haber solicitado estas expulsiones al Gobierno central, competente para ello, por los «graves problemas de adaptación» que sufren algunos de estos menores extranjeros no acompañados.

«Los jóvenes inmigrantes no acompañados están presentando cada vez más perfiles de extraordinaria complejidad, en muchísimas ocasiones con un gran daño por sus vivencias en el proceso migratorio que controlan las mafias», señalaron a El Debate fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid en abril de 2025, quienes aseguraron carecer de noticias sobre estos procedimientos, contemplados en la normativa de extranjería, desde el año 2019.

Tal y como subrayaron fuentes de la Comunidad de Madrid, esas peticiones se hicieron atendiendo exclusivamente al «interés superior del menor» y, en ningún caso, serían un «castigo» por un comportamiento deficiente, sino que se piden en función de «criterios técnicos» que valoran de forma «pormenorizada» la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.