Los motivos por los que Ayuso quiere repatriar a 86 menores inmigrantes mientras Sánchez se niega

el Gobierno de la Comunidad de Madrid atiende cada año a miles de menores extranjeros no acompañados -en 2024, la última cifra conocida, se ocupó de 2.442-, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Ley de Extranjería.

Esta norma establece en su artículo 35 que las comunidades autónomas son responsables de la protección y acogida de los menores extranjeros no acompañados, conocidos comúnmente como menas. Pero esa ley también contempla un mecanismo para que los gobiernos autonómicos puedan instar a las respectivas delegaciones del Gobierno a repatriar a los menores, algo que es competencias exclusiva estatal, cuando consideren que su reagrupación familiar en sus lugares de origen repercute en el «interés superior del menor».

Ese es el extremo al que se ha aferrado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para pedir la expulsión de 86 de estos menores, una petición que el departamento comandado por Francisco Martín se resiste a atender.

Es por ello que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, ha remitido una carta al delegado en la que, además de explicarle los motivos concretos que han llevado al Gobierno autonómico a pedir esa repatriación, avisa de que en la Puerta del Sol no se quedarán de brazos cruzado si «el Gobierno continúa incumpliendo sus obligaciones legales».

En esa misiva, Dávila recuerda que la ley establece que «siempre que sea posible, los menores deben ser atendidos en su entorno familiar, especialmente con su familia de origen», al tiempo que especifica por qué Madrid pide la reunificación familiar de estos 86 menores.

La consejera enumera su conflictividad en España, sus alteraciones de conducta, la deriva delictiva en la que se encuentran, así como el consumo de drogas, como los factores determinantes que van a provocar que, de quedarse en España, estos menores se vean abocados a una vida de marginalidad y graves riesgos para su presente y futuro. Además, también menciona que estas situaciones comprometen la seguridad de sus compañeros en los centros, así como de los profesionales que trabajan en ellos y del conjunto de la ciudadanía.

Hace días, la consejera avanzó que la Delegación del Gobierno no había logrado hacerse con los informes pertinentes que debía solicitar a los consulados y las embajadas de los países de origen para materializar estas expulsiones. Algo que, según remarca Dávila en su misiva, pone de manifiesto la «incompetencia y dejación de funciones» del departamento comandado por Francisco Martín.

Además, la consejera no entiende que en una carta que le dirigió Martín el pasado mes de diciembre le avanzara que había solicitado dichos informes a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, sin cuestionar el interés superior del menor, y, en cambio ahora, se emplea como justificación para no tramitar esos expedientes de expulsión ese interés superior del menor.

«Resulta profundamente preocupante que, pese a conocer la situación de estos menores, la Delegación del Gobierno no haya actuado con la diligencia que le exige la ley. Más aún, cuando la selección de estos casos ha sido realizada por la Comisión de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, atendiendo a circunstancias especialmente graves que aconsejan su retorno con su familia o con los servicios de protección de sus países de origen», afirma Dávila en la carta.

Negativa de la Delegación del Gobierno

A pesar de la advertencia realizada por el Gobierno de Madrid de que tomará «todas las medidas necesarias» para exigir «las responsabilidades que correspondan ante esta situación», el delegado del Gobierno no parece que vaya a cambiar su postura.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes, Martín instó a Díaz Ayuso a «dejarse de expulsiones y dedicarse a la tutela» de los menores no acompañados que residen en la Comunidad de Madrid. «Tiene que asumir sus responsabilidades, que son las de dar una tutela efectiva a los menores», agregó, al tiempo que advirtió de que no va a «participar en la expulsión de menores sin garantías», como sí «pretende la señora Ayuso».