Te quieren callado

Hay algo que define a Pedro Sánchez mejor que cualquier discurso y es la distancia que ha puesto entre él y el control democrático. No comparece en el Congreso salvo que le arrastren, evita responder a los medios y no da explicaciones a nadie. Ha construido, pacientemente y con dinero público, un cortafuegos entre sus decisiones y la opinión pública. Y cuando todo eso no es suficiente, cuando los ciudadanos siguen hablando en sus redes, siguen opinando, siguen criticando, siguen indignándose, ha decidido que lo siguiente es vigilarles.

El 11 de marzo, menuda fecha, en un foro que él mismo convocó y diseñó, ante un público seleccionado y sin la menor intervención parlamentaria, Sánchez anunció HODIO, Huella del Odio y la Polarización, una herramienta que escaneará de forma sistemática y continua Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook para medir el «odio» y la «polarización» de los ciudadanos españoles y publicar cada seis meses un ranking con los resultados. Sin dictamen del Consejo de Estado, sin informe del Consejo General del Poder Judicial, sin evaluación de la Agencia Española de Protección de Datos y sin comparecer ante ningún órgano de control.

Lo más revelador de HODIO no es el «odio», que al menos tiene algún anclaje en el derecho internacional, sino la «polarización». Esa palabra no existe en ningún código penal europeo, en ninguna directiva comunitaria, en ninguna norma con rango de ley en ningún Estado democrático del mundo. La define el Gobierno, que la mide con los algoritmos que el propio Gobierno diseña y con los funcionarios que el propio Gobierno nombra. Lo que al Ejecutivo le parezca demasiado crítico, demasiado incómodo, demasiado movilizador contra sus intereses, eso será polarización. Y tú, ciudadano, en el ranking semestral, sin posibilidad real de recurso, sin defensa jurídica y sin capacidad de litigar contra el Estado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos marcó doctrina sobre esto: la crítica política, por dura que sea, por incómoda que resulte al poder, está protegida por el artículo 10 del Convenio Europeo. Las restricciones a la libertad de expresión solo son admisibles cuando están previstas por la ley con suficiente precisión, persiguen un fin legítimo y son estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Una herramienta gubernamental que mide la «polarización» sin definición legal, sin control judicial y con el propio Ejecutivo como juez y parte, no supera ninguno de esos tres filtros. Francia lo intentó en 2020 con una norma de perfil similar y su Consejo Constitucional la declaró inconstitucional en su práctica totalidad por vulnerar la libertad de expresión. Aquí ni siquiera han preguntado a los jueces porque conocen de sobra la respuesta.

Porque HODIO no es una ocurrencia. Es el tejado de un edificio que este Gobierno lleva años levantando con paciencia y con dinero público: la Comisión Permanente contra la Desinformación en 2019, el sistema ALERTODIO en 2022, la inteligencia artificial FARO en 2024, el registro obligatorio de influencers en octubre de 2025 o la propuesta de prohibición de redes para menores de 16 años. Cada vez que señalamos uno de esos pasos, nos acusaron de alarmistas, de exagerados y de hacer política con la libertad de prensa. Tenían razón en algo: hacíamos política, porque defender la libertad de expresión es el acto político más importante que existe en una democracia.

La pregunta que este Gobierno prefiere que no te hagas es sencilla: ¿por qué un presidente que esquiva sistemáticamente el control parlamentario, que negocia en secreto con quienes han vulnerado la legalidad constitucional, que ha indultado a condenados por sedición y ha amnistiado a fugados de la Justicia, necesita saber lo que tú escribes en tus redes sobre la amnistía, sobre el precio del alquiler, sobre la gestión de la sanidad o sobre lo que pasa en tu barrio? La respuesta es que le importa porque tiene miedo. Le importa lo que dices tú, el ciudadano sin altavoz y sin subvención, porque ese es el único espacio que todavía no controla.

En Madrid hemos elegido siempre el camino contrario: más libertad, más competencia, más pluralismo y más crítica porque una sociedad libre es por definición incómoda para quien manda y esa incomodidad es precisamente la señal de que la democracia funciona. Los gobiernos que necesitan vigilar a sus ciudadanos para gobernar tranquilos son gobiernos que han perdido la confianza de esos ciudadanos. Y los gobiernos que pierden la confianza de sus ciudadanos y, en lugar de recuperarla, deciden vigilarles son gobiernos que están acabados.