Madrid inicia por imposición judicial los trámites para el registro de objetores al aborto y Mónica García se jacta: «Ganamos»

La Comunidad de Madrid ha sacado a consulta pública el proyecto por el que se crea el registro de médicos objetores al aborto, en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Tal y como consta en la memoria justificativa, el proyecto se somete a consulta pública -para que quién quiera pueda dejar constancia de sus sugerencias y opiniones al texto por un periodo de 30 días- por imperativo legal, puesto que así lo ha decretado el Auto nº 60/2026 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez llevara este asunto a los tribunales por la negativa del Madrid de crear ese registro.

Aunque desde el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso se han mostrado en todo momento en contra de hacer esta «lista negra» de médicos que no quieren practicar abortos en la Sanidad madrileña y han avanzado que agotarán todas las vías legales para no hacerlo, en este momento procesal se han visto en la obligación de acatar las medidas cautelares impuestas por el TSJM.

Esto no quiere decir que el registro de objetores al aborto en Madrid vaya a ser necesariamente una realidad, sino que, por el momento, se han iniciado los trámites con esa consulta pública. Los tribunales, tal y como han venido subrayando en las últimas semanas desde la Puerta del Sol, tiene que pronunciarse todavía sobre el fondo de la cuestión judicial planteada.

De hecho, en el propio texto de la memoria justificativa, la viceconsejería de Sanidad deja claro que la alternativa a ese registro de objetores son «los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley». Es decir, que en Madrid las mujeres que desean abortar pueden hacerlo ya con todas las garantías legales, sin necesidad de que exista ningún registro de objetores.

Así las cosas, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha tomado como una victoria personal este inicio de los trámites. «Ganamos», ha escrito en sus redes sociales, donde se ha pavoneado de que Madrid ha pasado del «váyanse a otro lado a abortar», que lanzó Díaz Ayuso hace pocos meses en la Asamblea de Madrid, a iniciar los trámites para «cumplir la ley». Para lo que han tenido que pasar, ha recordado, «meses, un recurso judicial y un auto del TSJM». «Pero hoy Madrid deja de ser la excepción y empieza a garantizar el derecho al aborto en la Sanidad pública», ha añadido.

Sin embargo, no es cierto que la creación de ese registro sea el condicionante para «garantizar el aborto en la Sanidad pública» porque es algo que ya se practica en Madrid, tal y como han recordado desde el Gobierno autonómico en reiteradas ocasiones. Además, tampoco es cierto que esta sea una victoria total de Mónica García, puesto que la Justicia se tiene que pronunciar aún sobre el fondo de la cuestión. Madrid se ha limitado, por el momento, a dar cumplimiento a unas medidas cautelares.