​Los médicos objetores responden a Mónica García por convertir el aborto en una batalla ideológica

«Se acabó el 'váyanse a otro lado a abortar' de Ayuso y la derivación del 99 % a la privada». Con estas palabras, Más Madrid, partido de la que es coportavoz la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado que Madrid dejará de ser la única comunidad autónoma que no garantiza el aborto en la sanidad pública. Se trata de una batalla ideológica que la anestesista inició en octubre de 2025 contra Isabel Díaz Ayuso, quien aseveró que en su territorio no se iba a hacer ninguna «lista negra de médicos».

Meses después, la médico, que presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ejecutivo regional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha celebrado en su red social de X la «victoria judicial por el derecho al aborto».

Y es que, a pesar de que este registro de médicos objetores «pone en peligro» varios textos legales, entre ellos algunos artículos de la Constitución Española –concretamente el 16 de nuestra Carta Magna–, la justicia ha dado la razón a Sanidad y obligará a todos los ginecólogos y obstetras de la Comunidad de Madrid a practicar estas controvertidas prácticas.

Esta medida no ha gustado a los médicos que trabajan en la Comunidad de Madrid, ya que consideran que Mónica García, con esta norma, están vulnerando la libertad de ejercicio médico.

En este sentido, la doctora Sonsoles Alonso, ginecóloga desde hace 20 años, denuncia que cada vez es más fuerte el sentimiento que poseen de no poder ejercer la especialidad con «plena libertad de conciencia». Así, explica a este medio que se supone que un médico debe preservar la vida humana y cuidarla «desde su concepción hasta su muerte natural».

Además, revela la ginecóloga, se está entrando en «un juego muy peligroso», puesto que desde el Ministerio de Sanidad están provocando que haya médicos «cada vez más desmotivados y agotados por las jornadas de trabajo». Con esto, con la ley de acceso universal al aborto en todos los hospitales y con la creación de un listado de objetores, se está consiguiendo que «la especialidad de ginecología esté cada vez más desgastada», lamenta la doctora Alonso.

Esto se refleja en los sentimiento que comparten con ella varios alumnos de Medicina. Al salir de una clase, cuenta la ginecóloga, se le acercaron cinco o seis alumnos muy motivados al verla tan entusiasmada hablando de ginecología, de la especialidad. Durante la conversación le dijeron: «La asignatura de ginecología me ha encantado durante la carrera, pero en las prácticas todos, absolutamente todos los adjuntos, me han dicho que ni se me ocurra hacer ginecología». Esto, recuerda la médico, le entristeció mucho porque la han convertido en «una especialidad en la que nadie quiere estar».

Asimismo, la doctora Alonso subraya que los ginecólogos no van a ser felices haciendo su trabajo, puesto que se van a ver obligados a cumplir «determinadas condiciones para poder seguir trabajando en un hospital público», como puede ser practicar abortos en contra de su voluntad. Y no solo en contra de su conciencia, sino simplemente «en contra de su voluntad», destaca la profesional.

Para más inri, la ginecóloga denuncia que se está incluyendo el aborto dentro de un servicio de salud cuando «no es salud, ni salud reproductiva porque no se reproduce nadie; al contrario, es antirreproductiva». Por tanto, sentencia la facultativa, no se está respetando la objeción de conciencia de los médicos, su vocación y su pasión por la medicina; en este caso, su pasión por la salud de la mujer.

Va en contra de la Constitución

Manuel Martínez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) y cardiólogo, apunta que esta propuesta responde más a «un intento de desviar la atención de los problemas internos del Gobierno –los escándalos y la corrupción– que a una cuestión de fondo». Sin embargo, expone que el único fin posible de esta medida sería «discriminar a los objetores».

Además, prosigue el cardiólogo, estas listas «atentan directamente contra el derecho a la objeción de conciencia», porque este derecho implica que el objetor no puede ser discriminado por el hecho de serlo. Así, denuncia que se están sentando «las bases para hacerlo», algo que va en contra de la Constitución española y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. No se trata solo de permitir objetar, sino de garantizar «que el objetor no sea discriminado por ello», subraya el catedrático.

Por último, el doctor subraya que existe otro problema: se niega «la posibilidad de la llamada objeción al caso». Es decir, que un profesional que no haya objetado previamente se enfrente en algún momento a una situación que entre en conflicto con su conciencia o sus valores, y quiera ejercer ese derecho. La ley actual lo impide, lo cual es especialmente grave, porque «la medicina es cada vez más compleja y plantea dilemas nuevos».