Bruselas pregunta al Gobierno por el desvío de fondos europeos para pagar pensiones

La Comisión Europea ha iniciado contactos con el Gobierno por el desvío de fondos europeos para el pago de pensiones en el ejercicio de 2024, dado a conocer este martes por el Tribunal de Cuentas.

Fuentes de la Comisión Europea confirman a El Debate que están «en contacto con las autoridades españolas y analizando la información», tras el informe del órgano fiscalizador sobre la extraña maniobra en el marco de la Cuenta General del Estado de 2024.

El reglamento de las ayudas establece claramente que «debe apoyar proyectos que respeten el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión. El Mecanismo no debe sustituir, salvo en casos debidamente justificados, a los gastos nacionales ordinarios».

A pesar de ello, para sostener las partidas de pensiones de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social, se hizo una ampliación de crédito el 6 de noviembre de 2024 por 1.722,1 millones de euros y una transferencia de crédito el 19 de noviembre de 2024 por 667,3 millones de euros). Ambas financiadas «con bajas en créditos inicialmente destinados a programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».

El Gobierno se acoge a que el reglamento permite el desvío en casos «debidamente justificados». En esta ocasión serían las tensiones de crédito por la falta de Presupuestos, dado que los de 2023 aún continúan prorrogados. Sin embargo, consejeros del Tribunal y economistas consultados por El Debate consideran «un disparate» esta utilizacion y creen que va en sentido contrario a los fondos Next Generation, concebidos para transformar la economía tras la pandemia de coronavirus.

«El Gobierno está incumpliendo flagrantemente las reglas de los fondos Next Generation. Aunque diga que puede por un tecnicismo, es una vergüenza», considera Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas. «Es un disparate, no es ortodoxo, porque no pueden ir partidas de inversión hacia partidas de gasto corriente. Al contrario, sí puede contemplarse, pero nunca se puede minorar un crédito presupuesto de inversión para financiar otro de gasto corriente», abunda José María Rotellar, doctor en Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.

Aunque el TcU respaldó la Cuenta General del Estado de 2024, el consejero Javier Morillas presentó un inédito voto particular cuestionando que el órgano fiscalizador ha sorteado el asunto «con una expresión ambigua (...) de la que parece deducirse la excepcionalidad de las circunstancias concurrentes».

Unas circunstancias que, según el voto particular de Morillas, no son tales, dado que el motivo de dicha utilización de los fondos no es otro que la negativa reiterada del Gobierno a presentar unos Presupuestos Generales del Estado. Cabe recordar que actualmente permanecen vigentes las cuentas de 2023, elaboradas en 2022 y aprobadas por una mayoría parlamentaria que ya no existe. Además Morillas, otros cuatro consejeros han formulado un voto discrepante. Son José Manuel Otero Lastres, Rebeca Laliga, Miguel Ángel Torres y Elena Hernáez.

«El tema de fondo es siempre el mismo: la falta de Presupuestos. Al no haber asignación de partidas –con un proyecto presupuestario como obliga la Constitución–, hay mezcla de fondos. Pero si el dinero era de la Comisión, debe destinarse a inversión y reformas y no a gasto corriente», abunda Rafael Pampillón, profesor de Economía del IE Business School y en la Universidad CEU San Pablo.