El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) su esposa Begoña Gómez (c) y la ex vicepresidenta primera del Gobierno y anterior responsable de Hacienda, María Jesús Montero (d)
Clamor de los economistas contra la maniobra del Gobierno de parchear las pensiones con fondos UE: «Es un disparate»
El reglamento de las ayudas prohíbe destinar los fondos a gasto corriente «salvo en casos debidamente justificados»: la falta de Presupuestos no lo sería
Hasta 2.389 millones de euros del Plan de Recuperación acabaron en 2024 destinados al pago de pensiones. La maniobra, confirmada este martes por el Tribunal de Cuentas, choca de forma directa con el reglamento del mecanismo y es claramente contraria al espíritu de unos fondos que, en teoría, iban destinados a transformar la economía.
El reglamento de las ayudas establece claramente que «debe apoyar proyectos que respeten el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión. El Mecanismo no debe sustituir, salvo en casos debidamente justificados, a los gastos nacionales ordinarios».
A pesar de ello, para sostener las partidas de pensiones de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social, se hizo una ampliación de crédito el 6 de noviembre de 2024 por 1.722,1 millones de euros y una transferencia de crédito el 19 de noviembre de 2024 por 667,3 millones de euros). Ambas financiadas «con bajas en créditos inicialmente destinados a programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».
«El Gobierno está incumpliendo flagrantemente las reglas de los fondos Next Generation. Aunque diga que puede por un tecnicismo, es una vergüenza», considera Daniel Lacalle, doctor en Economía y profesor de Economía Global y Finanzas. «Es un disparate, no es ortodoxo, porque no pueden ir partidas de inversión hacia partidas de gasto corriente. Al contrario, sí puede contemplarse, pero nunca se puede minorar un crédito presupuesto de inversión para financiar otro de gasto corriente», abunda José María Rotellar, doctor en Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.
El Ejecutivo se aferra a que este caso sí estaría justificado por «la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social». Y reitera que la reubicación puntual de las ayudas no implica que no acabaran en los objetivos previstos inicialmente.
Por ahora, desde la Comisión trasladan a El Debate que están analizando la información «en contacto con las autoridades españolas».
Aunque el TcU respaldó la Cuenta General del Estado de 2024, el consejero Javier Morillas presentó un inédito voto particular cuestionando que el órgano fiscalizador ha sorteado el asunto «con una expresión ambigua (...) de la que parece deducirse la excepcionalidad de las circunstancias concurrentes».
Unas circunstancias que, según el voto particular de Morillas, no son tales, dado que el motivo de dicha utilización de los fondos no es otro que la negativa reiterada del Gobierno a presentar unos Presupuestos Generales del Estado. Cabe recordar que actualmente permanecen vigentes las cuentas de 2023, elaboradas en 2022 y aprobadas por una mayoría parlamentaria que ya no existe. Además Morillas, otros cuatro consejeros han formulado un voto discrepante. Son José Manuel Otero Lastres, Rebeca Laliga, Miguel Ángel Torres y Elena Hernáez.
«El tema de fondo es siempre el mismo: la falta de Presupuestos. Al no haber asignación de partidas –con un proyecto presupuestario como obliga la Constitución–, hay mezcla de fondos. Pero si el dinero era de la Comisión, debe destinarse a inversión y reformas y no a gasto corriente», abunda Rafael Pampillón, profesor de Economía del IE Business School y en la Universidad CEU San Pablo.
«El acuerdo de los fondos Next Generation decía expresamente que se debían destinar a inversión, transición verde e infraestructuras», resalta también el economista y analista económico José Ramón Riera. Su uso para otros menesteres «demuestra que (en el Gobierno pasan olímpicamente de todos los conceptos de la garantía del dinero público».
«En este caso, son fondos finalistas destinados a determinados proyectos, con lo cual es completamente injustificada su utilización para otros objetivos. La política fiscal y la política presupuestaria son importantes y no pueden manejarse al antojo de un gobierno simplemente por el hecho de que no quiere presentar unos presupuestos porque no tiene el apoyo parlamentario para aprobarlos», abunda Rotellar.
«Quiebra» de las pensiones
El economista recuerda además que el artículo 52 de la Ley General Presupuestaria prohíbe expresamente las transferencias desde créditos para operaciones financieras al resto de créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. El Ejecutivo mantiene suspendida esta limitación mediante un añadido a la Ley de Presupuestos Generales de 2023, algo que a juicio de Rotellar, «es un horror».
Pampillón cree además que la maniobra añade dudas al debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. «Aquí late también la poca capacidad de la Seguridad Social para financiarse ella misma o con deuda y poder pagar las pensiones. Son 200.000 millones de euros lo que tiene que pagar cada año, una locura», señala.
Para Lacalle esto es, de hecho, lo más preocupante del asunto: «Esto demuestra que el sistema de pensiones está en una situación cercana a la quiebra y es insostenible. Con ese truco, el gobierno lo que está intentando hacer es mostrar a la Comisión Europea un gasto en el sistema de pensiones inferior al que se está llevando a cabo porque tenía unos compromisos que no está cumpliendo, y está incumpliendo flagrantemente las reglas de los fondos Next Gen aunque diga que sea un tecnicismo. Es una vergüenza», salda el también economista jefe de Tressis.
