Consejeros del Tribunal de Cuentas advierten de «represalias» por maquillar la falta de Presupuestos y las pensiones con fondos UE

«Puede haber un tirón de orejas notable que puede repercutir en las próximas partidas de ayudas europeas». Fuentes del consejo del Tribunal de Cuentas confirman a El Debate que el temor a que Bruselas pueda tomar represalias por el desvío de fondos Next Generation al pago de gastos ordinarios motivó, la semana pasada, un inédito enfrentamiento en la cúpula del órgano fiscalizador.

Consejeros del organismo anticipan que el voto particular que se conocerá «en las próximas horas» junto al informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024 cuestiona el incumplimiento de la obligación constitucional del Gobierno de presentar Presupuestos. Este sería el motivo que subyacería tras el desvío «coyuntural» de transferencias de crédito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a partidas de gasto corriente, como el pago de pensiones.

Aunque esta práctica no compromete necesariamente que los fondos acaben en el destino previsto inicialmente, de confirmarse es una marcada irregularidad, según confirman diversas fuentes.

El voto particular cuestiona también las emisiones de deuda pública por las decisiones de un Gobierno que carece de Presupuestos. España mantiene prorrogadas las cuentas de 2023 (aprobadas en 2022) ante la falta de respaldo parlamentario en las Cortes.

Situación de anormalidad

Esto «ha generado una situación de anormalidad que nos deja en muy mal lugar como país, y también al Tribunal de Cuentas si no alerta sobre ello», consideran las fuentes. Las mismas inciden en que ningún auditor respaldaría maniobras similares «en cualquier otro país o en una empresa privada».

Precisamente, la fiscalización del Tribunal se centra en el ejercicio de 2024, el primero con las cuentas prorrogadas. El consejo del órgano que preside Enriqueta Chicano estuvo la semana pasada a punto de tumbar la Cuenta General del Estado, según adelantó El Mundo. Se trata del documento anual que consolida la situación patrimonial, financiera, presupuestaria y económica del sector público estatal. De 12 miembros, seis votaron a favor, incluyendo la presidenta; cinco presentaron un voto concurrente crítico y 1 votó en contra.

En otro informe publicado recientemente, el tribunal advirtió a Hacienda que la «deficiente» supervisión de los fondos europeos «condiciona su ejecución». El organismo exigió entonces a todos los implicados «extremar el rigor en el seguimiento y control» de la ejecución del plan, acelerando el ritmo de su implementación, para que España pueda cumplir con sus compromisos y asegurar el desembolso completo de los fondos comprometidos».

Según su fiscalización, hasta el 64,3 % de los proyectos correspondientes a los programas de gasto analizados en el área de protección y promoción social «no habían concluido su ejecución a pesar de que tenían que estar finalizados a fecha de realización de esta fiscalización».

Además, el 36,84 % de los hitos y objetivos asociados a las medidas analizadas no se habían cumplido en el plazo previsto en la decisión de ejecución del Consejo de la UE.

Precisamente este lunes la Comisión Europea aclaró que el plan de recuperación obliga a tener listas todas las reformas e inversiones comprometidas antes del 31 de agosto para no perder las ayudas asociadas, a pesar de que países como España habían reclamado más plazo. Los últimos desembolsos, según el calendario previsto, se realizarán antes del 31 de diciembre.

A cinco meses de que expire el plazo para ejecutar los fondos Next Generation, España ha convocado 90.718 millones de euros en transferencias y adjudicado 63.403. Es decir, hay una brecha de 27.000 millones de euros, según un informe de Esade.